A pesar de que el Estado panameño es signatario en diferentes convenciones internacionales en materia de derecho de la mujer y cuenta con leyes internas muy buenas en ese tema, hasta el momento no ha sabido cumplir con su rol de prevención, protección y cuidado.

Hasta el mes de julio, se han registrado en nuestro país 12 femicidios y 5 tentativas de femicidio, de los cuales en 11 se han utilizado fuerzas de violencia, así lo dan a conocer las cifras oficiales del Ministerio Público.

“Más allá de los números y las cifras, que son importantes, lo que se debe ver también es la tendencia que se ha mantenido desde el 2019, la forma demasiado violenta que hay detrás de toda una concepción de poder muy arraigado”, así lo manifestó Nelva Araúz, abogada y consultora en género en el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá (CIEPS).

Según explicó la doctora Araúz, la clave para que el Estado cumpla con su rol, es que la ciudadanía exija de manera permanente y prácticamente sin claudicar ni un segundo, “las leyes están, están las obligaciones. Tenemos una ley muy buena en materia de prevención de violencia en donde se obliga a todas las instituciones a realizar un trabajo coordinado, incluyendo también al sector privado; pero falta que esas normas se traduzcan en acciones reales para que no tengamos más casos de violencia”, aseguró.

Entre algunos de los temas pendientes que mantiene nuestro país y que se establecieron en la Ley de Femicidio del 2013, están por ejemplo, el uso de brazaletes electrónicos en agresores y la creación de fiscalías especializadas en delitos contra la violencia de la mujer.

Según explicó Irma Planells, del Observatorio de Femicidio de Panamá, hay muchas cosas que sí se pensaron al momento de crear la ley, pero que lamentablemente no se han integrado y esto ha dejado a las mujeres en un estado de completa vulnerabilidad.

La también periodista, aseguró que hace falta la creación de más espacios seguros en los que una mujer pueda ir en busca de protección con sus hijos. “Sí hay albergues, pero no los suficientes como lo estipula la ley. Según la ley debería haber uno en Panamá Centro, uno en Panamá Oeste, uno San Miguelito, uno en Panamá Este, uno en Panamá Oeste y uno en cada provincia de Panamá; pero en la práctica no es así”.

Ambas especialistas concordaron en que para empezar a ver cambios, se debe integrar una nueva forma de educación, en la que se deje de ver a las mujeres como seres inferiores y que se integre una educación sexual que ayude a las mujeres a identificar si se encuentra dentro de una relación peligrosa. “Eso no va a llegar por arte de magia,  eso va a llegar en la medida que el Estado cumpla con las obligaciones contraídas”, finalizó Araúz.

Actualmente nuestro país cuenta con instituciones en las que se puede acudir en busca de orientación, protección y asesoría; como lo son el Instituto Nacional de la Mujer y la Defensoría del Pueblo. Por otra parte, el Ministerio Público habilitó una oficina especializada en delitos de violencia doméstica, en donde las víctimas pueden presentar sus respectivas denuncias.