La demanda inconstitucional fue presentada en la Corte Suprema de Justicia el día de ayer por el abogado Jaime Molina, el documento se fundamenta en la Ley 48 de 2007, específicamente los artículos 14  y 20, que regulan el proceso de vacunación en la República de Panamá y dicta otras disposiciones.

El artículo 14 manifiesta que, “se faculta al Ministro de Salud para que, cuando considere que la salud de la población está en riesgo, ordene las acciones de inmunización extraordinarias que sean necesarias, las cuales serán obligatorias para todos los residentes de la República”.

Mientras que en el artículo 20, se asegura que “las infracciones a las disposiciones contempladas en la presente Ley serán consideradas faltas sanitarias y serán sancionadas por el Ministro de Salud…”

Para Molina, dicha Ley es una «espada de Damocles», porque faculta al Ministro de Salud para que en cualquier momento disponga de colocar la vacuna a todas las personas, incluso aunque estas no estén de acuerdo.

«Eso violenta principios establecidos en materia de derechos humanos, básicamente el derecho a la integridad  y dignidad de la persona quedarían vulnerados. Con base en eso, hemos demandado esos artículos pertinentes, de modo que la Corte declare su institucionalidad porque violenta el principio de la autonomía de la persona humana para decidir libremente a qué intervenciones se somete y a cuáles no», explicó el jurista.

El abogado manifestó que en momentos de miedo, pánico y crisis; siempre las sociedades tienen la tentación de violentar derechos humanos de las minorías, con la excusa de que «eso es necesario. Pero la historia nos ha enseñado, a lo largo de los años, que eso siempre termina mal», concluyó.

Esta demanda surgió luego de que el Presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunciara una posible vacunación obligatoria a los funcionarios, esto, con el fin de minimizar la propagación del Covid-19 en nuestro país.