Entre las sospechas que saltaron a la luz la semana pasada está la sobrefacturación de la vacuna india Covaxin, del laboratorio Bharat Biotech, por la que se había firmado un contrato a precios más elevados que por cualquier otro inmunizante de los adquiridos hasta ahora por Brasil.
Tres senadores brasileños presentaron este lunes una demanda ante la corte suprema para que se investigue si el presidente Jair Bolsonaro cometió el delito de «prevaricación» al no denunciar sospechas de corrupción en la compra de la vacuna anticovid Covaxin.
Entre los tres legisladores figura Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), instalada hace dos meses para indagar en presuntas omisiones del gobierno en la lucha contra la pandemia que ya dejó más de medio millón de muertos en Brasil.
«Hoy he registrado una demanda ante el Supremo Tribunal Federal debido a una grave denuncia de que el presidente de la República no tomó ninguna medida tras haber sido informado de un gigantesco esquema de corrupción existente en el Ministerio de Salud», afirmó Rodrigues en un video.
«La prevaricación es un crimen inscrito en el Código Penal. Por eso consideramos necesario que el Supremo Tribunal Federal (STF) y la Fiscalía General instauren un proceso de investigación».
Una denuncia de ese tipo tiene el potencial de provocar la destitución de Bolsonaro (si es aprobada por la Fiscalía y votada en la Cámara), aunque los analistas consideran poco probable que el Fiscal General, Augusto Aras, considerado un aliado de Bolsonaro, acepte formular cargos contra el mandatario de ultraderecha.
Entre las sospechas que saltaron a la luz la semana pasada está la sobrefacturación de la vacuna india Covaxin, del laboratorio Bharat Biotech, por la que se había firmado un contrato a precios más elevados que por cualquier otro inmunizante de los adquiridos hasta ahora por Brasil.
La factura de 45 millones de dólares, por tres millones de dosis, aterrizó el 18 de marzo en el escritorio de Luis Ricardo Miranda, jefe de importaciones médicas del Ministerio de Salud de Brasil, quien transmitió sus dudas a su hermano, el diputado bolsonarista Luis Miranda.
Según los dos hermanos afirmaron ante la CPI el pasado viernes, Bolsonaro los recibió personalmente el 20 de marzo en su residencia en Brasilia, y les aseguró que comunicaría esas sospechas a la Policía Federal, algo que aparentemente nunca hizo.
Bolsonaro negó este lunes cualquier irregularidad, asegurando que le resulta imposible saber «lo que ocurre en cada ministerio» y que confía en sus ministros.
«No tengo cómo saber lo que ocurre en los ministerios. Confío en mis ministros y no hemos hecho nada errado», declaró ante simpatizantes.
