“Haz lo que digo, no lo que hago”; parece ser la consigna de las más altas autoridades gubernamentales. Porque con demasiada frecuencia sus actuaciones van reñidas con las exigencias y las normas que le imponen al resto de los agremiados sociales.

La ofensiva celebración, con baile incluido, del primer aniversario del programa Panamá Solidario responde a ese lamentable criterio sin medir consecuencias.

Después de un año de pandemia, con más de 6 mil víctimas fatales a causa del covid-19, una contracción económica superior al 18 por ciento, con un desempleo rondando el 20 por ciento y que afecta a casi 400 mil panameños, miles de empresas cerradas definitivamente a consecuencia de las restricciones impuestas y miles más amenazadas con desaparecer, decenas de miles de contratos laborales suspendidos, un informalismo laboral alrededor del 55 por ciento. En fin, con un país en estado crítico, se justifica la indignación ciudadana ante un acto que – a criterio de las mayorías- es una burla a la memoria de las víctimas de la pandemia y de sus familias.

¡Qué motivos hay para celebrar?, es la pregunta generalizada.

La desconexión de los funcionarios con la realidad nacional y la brecha entre lo que predican y lo que hacen se ha venido agravando notoriamente desde que iniciara la crisis sanitaria. Nadie olvida aún los múltiples incidentes violatorios de las restricciones impuestas y que han tenido en común la participación de personajes gubernamentales y la impunidad que le ha acompañado.

La pandemia aún no resulta controlada y para lograrlo se necesita del concurso de todos: gobernantes y gobernados; al igual que se requiere trabajar hombro a hombro para afrontar la desastrosa situación que nos deja el coronavirus. Sin la confianza y el apoyo ciudadano, el gobierno de turno no estará en las mejores condiciones para afrontar las tareas que la reconstrucción del país imponen.

Es momento de hacer un alto y entender lo peligroso que resulta gobernar en el supuesto de la existencia de dos países: uno donde los gobernantes y sus allegados, con derecho al disfrute de todos los privilegios imaginables, están exentos de cumplir las leyes y las normas; y el otro, el de los ciudadanos comunes, destinados a cumplir las leyes y decretos, sobre cuyos hombros descansan todos las responsabilidades y obligaciones.

Es hora de establecer la coherencia como principio rector del proceso del acto de gobernar.