Aunque hemos dedicado varias líneas a este tema, en diversos artículos, no podemos en este momento que se encuentra en una etapa de investigación olvidarlo, y esperar que la cotidianidad lo haga disiparse entre la avalancha de temas mediáticos, que se disputan los primeros lugares en los escándalos en esta pequeña vecindad.

El común de los panameños, piensan que el tema de los albergues y lo ocurrido solamente se enmarca en el SENNIAF y en los albergues, desconociendo que las leyes panameñas le asignan un grado de responsabilidad a cada una de las partes que participan en este proceso, incluyendo a los encargados de investigar en el Ministerio Público, si con sus actuaciones por omisión dejaron sin protección a las víctimas de los hechos denunciados, que se trata en este caso de menores de edad.
Son muchas las especulaciones que han surgido, como resultado del informe de la subcomisión de familia de la Asamblea Nacional, que contiene 700 páginas que se hizo público y que representa una foto de cuerpo entero de lo que encontraron los diputados que participaron en esta investigación que compilo información que fue suministrada al exprocurador Eduardo Ulloa.

Situaciones escalofriantes fueron anunciadas por las representantes de la Asamblea, lo que ocasiono el asombro, repudio y cuestionamiento nacional e internacional. convirtiendo al Estado panameño en un gobierno encubridor y enemigo de la defensa de los derechos de los menores.

Con la llegada del Procurador General de la Nación Suplente Javier Caraballo, los procesos empezaron a moverse deteniendo a algunas personas señaladas en este tema. Pero es evidente, que lo ocurrido no tiene cinco responsables sino mucho más que eso.
Debemos recordar que las denuncias que presentó la Directora Idalia Martínez como directora del SENNIAF entre el año 2015 y 2016 previo a su renuncia, representan claros antecedentes de irregularidades que detectaron en su momento y que fueron puesta en conocimiento del Ministerio Público, y que esto debió seguir un trámite de los cuales desconocemos sus resultados finales.

Años de irregularidades, la suerte de estos niños, los controles, la supervisión, las actos tendientes a proteger la integridad de los menores, las actuaciones de las autoridades investigativas es precisamente lo que el pueblo espera ahora frente a hechos denunciados en una línea de tiempo de 6 años hasta la fecha.

Reiteramos lo señalado de manera recurrente, todos los integrantes de la Junta Directiva del SENNIAF desde el 2015 hasta la fecha sin excepción deben declarar lo que le consta y lo que no le consta, las dependencias que otorgan los subsidios deben explicar el por qué se entregaron los subsidios y si el uso de esos dineros era supervisado o controlado, el Ministerio de Gobierno debe conocer a quienes se les otorgó la personería jurídica, quienes dirigen esos albergues, y revisar las normativas vigentes sobre ese tema.

También hay que examinar los contratos o acuerdos de colaboración entre los albergues con terceros, sean personas naturales o personas jurídicas, que permitieran justificar la salida de los niños y bajo qué criterio. Las medidas o procedimiento de regreso de los menores a los albergues luego de salir del sitio, si eran sometido a revisión médica, psicológica y física que no reflejaran ningún tipo de lesión o daño que activara las alertas.

Son muchos los temas y las investigaciones en distintas vías, que le dan la condición de un caso de alto perfil y de proceso complejo.

El Estado panameño debe cumplir la constitución los tratados suscritos, y las normas que busquen la protección de los intereses superior de los menores, debe exigir la condena y la aplicación de las sanciones más altas que den como resultado sacar de la sociedad a las personas que no estén preparadas para convivir con el resto de los asociados y que en ese procesos de readaptación que busca la sanción de prisión, disuadir que estas conductas se repitan.

Panamá en este sentido, requiere robustecer las normas penales para evitar fisuras legales que permitan eludir la responsabilidad o ser beneficiados por medidas que permita la circulación de personas sin valores y principios a convivir con el resto de los ciudadanos de la República.

El Interés Superior de Menor no es discrecional, es una regla que busca proteger a aquellos que no pueden protegerse por ser vulnerables, y el Estado debe velar de la manera más estricta y enérgica porque este principio se respete al precio que sea.

En estos momentos, la comunidad nacional e internacional tiene clara la ecuación Estado más niños más albergues igual Justicia.