Laa pandemia del nuevo coronavirus ha significado la pérdida de alrededor de 30 millones de empleos en América Latina y el Caribe. Y dentro de este desalentador panorama, los jóvenes de entre 20 y 29 años de edad son el grupo más golpeado.

Aún antes de la crisis sanitaria ya enfrentaban graves problemas en la inserción laboral con una tasa de desempleo juvenil tres veces superior a la de los adultos, una tasa de informalidad 1,5 veces superior y con un 21 por ciento de jóvenes que ni estudian ni trabajan (Ninis).

Entre los que combinaban trabajo y estudios antes del comienzo de la pandemia, más del 70 por ciento sufrieron el cierre de los centros de enseñanza y no todos pudieron llevar a cabo la transición a las clases en línea o a distancia. Esto se traduce en que, uno de cada ocho jóvenes, se quedaron sin acceso a la educación, según la Encuesta mundial sobre los jóvenes y la pandemia de la Covid-19.

Estas abruptas afectaciones en el ingreso laboral y el acceso a la educación provocan la aparición de alarmantes desmejoramientos en el bienestar emocional del grupo señalado. Todos estos jóvenes privados de puestos de trabajo y oportunidades de estudio presentan el doble de probabilidades de padecer ansiedad o depresión que los que continuaron laborando o estudiando, además de aumentar sus riesgos de incurrir en el consumo de drogas o alcohol.

En lo que los estudios clínicos dan por llamar el efecto cicatriz, esta serie de problemas pueden generar consecuencias a muy largo plazo: aún más allá del momento en que se supere la crisis.

En el plano local la situación no muestra mejor aspecto para la juventud.

Según la Evaluación de conductas relacionadas a salud y alimentación en adultos durante la pandemia, realizada por la Caja de Seguro Social y otras instituciones nacionales entre julio y octubre del 2020, el 31.8 por ciento de los encuestados con edades entre los 20 y 29 años revelaron estar desempleados. Coincidentemente, en mayo del 2020, el Ministerio de Trabajo había reportado 213 mil 390 contratos suspendidos y la edad promedio de los afectados por esta medida era menor de 30 años.

Con una contracción del PIB que supera el 18 por ciento, la crisis del Covid-19 empeora las condiciones laborales y educativas de este grupo de jóvenes, originando consiguientemente tensiones en la salud mental de los mismos. Por lo que los entes gubernamentales pertinentes están obligados a tomarlos en cuenta en los planes y estrategias de recuperación nacional.

A las pérdidas provocadas por la pandemia, este país no puede darse el lujo de sumar la pérdida de toda una generación que hoy sufre los embates de una crisis para la que nadie estaba preparado.