Mientras que los ingresos estatales se desplomaron, la deuda se ha disparado a niveles alarmantes. Esta es la historia común a lo largo y ancho del mundo azotado por la pandemia del coronavirus; sobre todo en nuestra Latinoamérica, donde la falta de creatividad, la codicia y la irresponsabilidad, como una picazón en los pies, ha llevado a una carrera desenfrenada por obtener dinero prestado con el cual afrontar los gastos estatales.
Y el peso de esta sola circunstancia debería imponer la prudencia y la disciplina al momento de establecer prioridades y llevar a cabo cualquier tipo de gasto. Pero no, contrariamente a lo esperado se impone el absurdo y la sinrazón de aquel realismo mágico que creíamos sólo presente en la Hispanoamérica retratada por el inolvidable García Márquez.
Durante estos meses de pandemia la hemorragia de billetes ha sido incontenible: también el festival de corrupción. La casta política, tan poco creativa para gobernar con niveles mínimos de eficiencia, ha hecho alarde de su olfato oportunista para aprovecharse de la tragedia. Los ejemplos sobran a lo largo y ancho del continente.
Los niveles aterradores alcanzados por la crisis de salud no han superado en mucho a los establecidos por la corrupción política. Y el daño ocasionado a la fe pública repercutirá gravemente en las tareas de recuperación que nos esperan. Y en esta tarea de restauración de la confianza ciudadana cuentan las acciones, los correctivos que se tomen; las palabras y promesas salen sobrando.
Porque un alto nivel de confianza favorece la participación de la ciudadanía. Si el público percibe que quienes toman las decisiones están integrados con el país y alineados con los intereses nacionales, no dudarán en sumarse al esfuerzo común y a brindarle apoyo a todo lo que consideren que favorece el bienestar general.
Hasta el momento brillan por su ausencia las estrategias y planes concretos que se llevarán a cabo en el período post-pandemia.
Las “prioridades” que impactan como una bofetada al panameño de la calle son el millón de dólares asignado a la promoción de un diálogo sin garantías de rendir frutos; los 6 millones que serán dedicados al alquiler de camionetas para uso del Palacio; los más de 22 millones que echarán en las fauces de una institución caracterizada por el derroche y la poca transparencia, mientras se le adeudan salarios a las enfermeras, protagonistas- junto al resto del personal sanitario- de la lucha contra el covid-19.
Estos contrasentidos agravan la falta de credibilidad que adorna a quienes gobiernan y echan por tierra cualquier posibilidad de cooperación ciudadana, dificultando las tareas de recuperación nacional que reclamarán el concurso de todos.
