El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), han proyectado desde Panamá la articulación de una serie de acciones para mitigar la inseguridad alimentaria y la malnutrición en la región ante el fuerte impacto de la pandemia por la enfermedad del coronavirus 2019 en este año.
En este sentido, ambos organismo evalúan proyectos de producción agrícola en regiones indígenas, donde los índices de pobreza son más elevados.
El Parlatino con el apoyo técnico de la FAO ha elaborado una serie de leyes modelo para promover la agricultura familiar y la nutrición escolar en la región.
Jorge Pizarro, presidente del Parlatino; el secretario Ejecutivo, Elías Castillo; el coordinador subregional para Mesoamérica y representante de la FAO en Panamá y Costa Rica, Adoniram Sanches y el oficial del Programa FAO, Alfredo Mayé, sostuvieron una reunión virtual para revisar los programas que se desarrollan a través de la alianza estratégica entre los dos organismos internacionales.
Pizarro manifestó la necesidad del desarrollo de un plan piloto de cooperación de apoyo a las comunidades indígenas latinoamericanas para explotar el turismo en las regiones comarcales conjuntamente con el desarrollo de la producción agrícola a fin de fortalecer la seguridad alimentaria y la generación de recursos para dichas regiones.
Adoniram Sánchez de la FAO indicó que es importante la elaboración de una ley de modelo para mejorar las condiciones de las regiones indígenas latinoamericanas que ha sido un sector “golpeado” por la pandemia de covid-19.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Parlatino, Elías Castillo, dijo que los dos organismos internacionales “están llamados a cumplir con un trabajo mancomunado y en equipo” para contribuir a la seguridad alimentaria de los países.
Por otro lado, Alfredo Mayén, oficial del programa FAO, informó sobre los avances del programa de sistemas comunitarios de agua y saneamiento en etapa final de discusión por parte de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del organismo legislativo, tras enriquecerse con aportes técnicos la propuesta inicial presentada por México.
