Entre el mes de abril  y agosto de 2020 se realizaron 2,610 videocoferencias para agilizar los procesos de privados de libertad, cuya mora judicial alcanza aproximadamente al 41% de esta población, lo que representa unos 7,313 detenidos que no han sido condenados y se mantienen a la espera de la conclusión de sus respectivos procesos.

La población penitenciaria en Panamá es de aproximadamente 17,837 detenidos (enero de 2020) en las diversas cárceles del país, en las que mayoritariamente los reos se encuentran hacinados y en condiciones infrahumanas, lo que ha sido denunciado reiteradamente por organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Las cárceles más poblados del país son La Nueva Joya (2,631), La Joya (1,653), La Joyita (1,557) y Chiriquí (1,266).

De acuerdo con un comunicado, del Ministerio de Gobierno, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) y el Órgano Judicial, como parte de las acciones para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios, entre el mes de abril a la fecha, coordinaron la realización de 2, 610 videoaudiencias, en momentos en que se mantienen restricciones de movilidad ciudadana por efectos de la pandemia generada por el Covid-19.

Carlos González, director General del Sistema Penitenciario, señaló que ante las restricciones de movilidad por el Covid-19, el Departamento de Tecnología del Ministerio de Gobierno habilitó en todos los centros áreas para que se desarrollaran estas videoaudiencias.

La iniciativa, avalada por el Sistema Penal Acusatorio (SPA), es  para los diferentes procesos o solicitudes que se presentan como cambios de medidas, prisión domiciliaria, conmutación de pena, trabajo comunitario, libertad vigilada, imputación de cargos ante el juez de garantía, entre otras.

“El Sistema Penitenciario responsablemente se ha valido de las herramientas tecnológicas para garantizar a las personas privadas de libertad el debido proceso en base a la Constitución y leyes establecidas”, precisó el funcionario.

También, se han llevado a cabo 380 videollamadas, donde los privados de libertad tienen acceso a su defensa legal.

En los próximos días, -detalla el comunicado- se habilitarán cubículos para que los abogados atiendan a los privados de libertad de manera presencial, cumpliendo con las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud.