Que los ataques contra el gobierno provengan de sus detractores o de ciudadanos genuinamente interesados en el manejo de la cosa pública, o de aquellos que formulan el señalamiento por el mero ejercicio de formularlo, está, hasta cierto punto, dentro de la lógica política, pero que dentro de las propias filas oficiales se produzcan acciones que afecten la labor de gobierno o pongan en tela de juicio la sana intención con que se desarrollan, constituye actos que más allá dela negligencia, merecen no solo repudio sino la mas rigurosa de las sanciones.

La comunidad nacional se ha enterado este martes con gran disgusto, pero sin sorpresas, de la detención de un alto un alto funcionario de provincia que utilizaba su cargo y su auto para el traslado de 79 kilos de drogas, un ilícito contra el cual el país libra una enconaba batalla hace años, y que en los últimos meses ha registrado el decomiso de miles de toneladas.

Parte medular de las actividades del crimen organizado, la detención del gobernador Eric Martelo prende las alarmas y llama a las autoridades a desarrollar la más exhaustiva investigación para ubicar y depurar de sus filas, a quienes realizan este tipo de transgresiones.

Y no es que el hallazgo cauce asombro, porque existe una diferencia significativa entre el disgusto y la sorpresa. Ya en 2013, un alto funcionario denunció lo que en su momento llamó “la narcopolítica”, para significar la presencia de esta actividad criminal en las filas tanto del gobierno como en los partidos políticos, y que, a la larga, como en el caso de algunos países vecinos, dan paso al uso de las estructuras oficiales para estas fechorías, transformando al Estado en gestor y promotor del narcotráfico.

Nada justifica el ilícito en las filas del gobierno, ni la manera como va poniendo en tela de juicio la labor del funcionario público o del mismo gobierno. Las autoridades deben ser enérgicas en casos como estos, con la decidida intención de enviar un mensaje a quienes creen que pueden convertir estructuras de gobiernos en mecanismo para el trasiego de estupefacientes.

Pero debe convocar también alas fuerzas vivas del país, llámense partidos políticos, empresas, entidades de gobiernos o ciudadano común, a la mas estricta vigilancia de estos hechos, porque lo que no se debe permitir es mirar la situación de Martelo como expresión única de un partido político, sino como expresión de una sociedad conde el narcotráfico ha ido sentando toldas.

En hora buena el Partido Revolucionario Democrático ha sido el primero en salir a condenar la acción, y los representantes de otras colectividades han imitado el ejemplo. El narcotráfico y sus estrategias políticas amenazan a toda la sociedad, no solo por la violación de las leyes, sino por los efectos dañinos que incuba en la salud de la juventud.