Las transformaciones sociales, así como la modernización de los Estados, muy pocas veces transitan de manera sosegada, normalmente, están envueltos en procesos turbulentos de ruptura provocada por acciones humanas o consecuencias naturales. Estos cambios están acompañados de traumas que rompen con el estado normal en el cual se desenvuelven y desarrollan las sociedades.

Nuestro país así como el mundo entero se ha dado una ruptura con el modelo de gestionar nuestras vidas y esto pasa también por la forma en la cual El Estado nos brinda sus servicios, haciendo imperante y casi obligado un salto cuántico en la gestión pública, exigiendo así puesta en funcionamiento y masificación de procesos digitalizados o electrónicos para evitar el mayor número de contagios de COVID19, a su vez propiciar que la dinámica de servicios y asuntos que los particulares atienden con el gobierno central y empresas descentralizadas no se detenga o pueda avanzar a un nuevo ritmo.

Muchas de las interacciones y trámites dependían de la acción personal o presencial de los solicitantes o peticionarios, pero la realidad que se impone establece la necesidad de que el Estado modernice sus órganos, permitiendo así que los ciudadanos podamos tener acceso a peticionar y gestionar sin mayor dificultad de manera virtual, en plataformas estatales que nos permitan de manera rápida y segura acceder a las instituciones, presentar solicitudes, verificar información, pagar derechos, tasas, y contribuciones desde entornos seguros como nuestros hogares u oficinas, además de propiciar mayor transparencia, ya que al digitalizarse los proceso se logra trazabilidad, se elimina la discrecionalidad en la atención al trámite, y sobre todo más nunca estaremos frente al extravió o traspapelado de nuestras solicitudes, del mismo modo contribuimos al medio ambiente menguando el uso de papel, reduciendo la movilidad de nuestros vehículos así como mejorando y optimizando nuestro tiempo así como el de los funcionarios.

Pero para lograr este nivel, el Estado debe en conjunto con los proveedores de servicios de internet, y las autoridades competentes establecer protocolos de seguridad de datos, para poder brindar servicios donde los datos de los ciudadanos puedan ser validados y verificados con salva guardas y garantías de seguridad sobre su información además de mantener controles de esta data que tiende a ser un producto valioso para empresas que luego utilizan esa big data para aprovechamiento privado. No es suficiente brindar los servicios, sino existen plataformas robustas de seguridad en estas autopistas digitales que le den la certeza o confiabilidad a los usuarios de que sus operaciones, transacciones e información privada y personalísima se encuentra debidamente almacenada y resguardada de infiltraciones, así como plataformas de redundancia y respaldo que permitan que frente a las acciones maliciosas que puedan efectuar criminales, ciber terroristas, hackers o cualquier persona u organización formal o clandestina, la información personal, patrimonial, bancaria, de salud y otras estarán debidamente resguardadas, o ante un ataque o denegación de servicios tendremos estructuras de servicios que podrán mantener el funcionamiento del Estado sin mayores problemas hasta que la situación pueda ser controlada o repelida.

Pero esto no es futurista ni ciencia ficción, es el hoy y el ahora que impone un cambio de mentalidad, cambiar de los ficheros manuales, de los archivadores llenos de polvo y que ocupan grandes espacios, a la digitalización de la información y del mismo modo a invertir en la capacitación y profesionalización de los servidores públicos, así como de dotar al Estado de más especialistas en ciberseguridad, ingenieros en redes en infraestructura y sistemas, que nos ayuden a mantener altos estándares, para poder lograr tener una buena educación virtual, procesos de E-Comerce con plataformas rápidas, seguras y eficientes, respaldadas por instrumentos como la firma electrónica, así como desarrollar instrumentos jurídicos como la ley de Fintech, mayor desarrollo estatal para que se pueda utilizar Blockchain en las operaciones de los particulares con el Estado, lo que conlleva un proceso de adaptación normativo, modernizando nuestra codificación civil, comercial, fiscal y estableciendo las conductas antijurídicas que se desarrollen en los entornos virtuales o por medios de instrumentos electrónicos.

Panamá tiene una gran oportunidad, de no solo mantener su posición como hub logístico y humano, sino para modernizar su plataforma de servicios legales – financieros, propiciando la competitividad y manteniendo nuestro país a la vanguardia de la región, atrayendo inversionistas, así como utilizando estas plataformas al servicio de la salud, la educación y la lucha contra la pobreza para lograr mejores índices de desarrollo humano y estado de bienestar.

Darwin en 1850 escribió su libro “El Origen de las Especies”, habló por vez primera sobre la evolución, estableciendo este mecanismo como el proceso de permanencia de las especies, 170 años después, una pandemia de carácter global nos obliga a transformarnos, evolucionar para seguir siendo un país competitivo pero con mayor eficiencia, los cambios no son opcionales, el desarrollo y la evolución de las cosas no se detienen por ende como sociedad estamos obligados a dejar atrás viejos hábitos y concepciones para mantener vigencia dentro del escenario mundial.