Con el transcurso del tiempo, hemos presenciado a diferentes gobiernos realizar las mismas acciones, pues aplican despidos injustos o justificados
Al finalizar otro año, escucho y observo a un sinnúmero de funcionarios gubernamentales manifestándose frente a la institución donde laboraban, demandando que se les pague por sus derechos adquiridos. Este nuevo gobierno, que asumió el poder el primero de junio, ha destituido a miles de funcionarios públicos, algunos de manera arbitraria sin justificación, otros por razones políticas y contratos.
Por lo tanto, resulta preocupante que cada cinco años los gobiernos que asumen la administración nacional creen que el mandato será perpetuo y se dirigen hacia sus antiguos compañeros de trabajo que, ahora los consideran adversarios, perdiendo de esta manera su sentido humanista.
Los trabajadores despedidos, ya sea de una manera injusta o justificada de las diversas instituciones del sistema gubernamental, son tratados de forma denigrante y humillante, sin proporcionarles una perspectiva positiva que pueda mejorar su situación económica tras ser despedidos. Esto humilla a la persona debido a cómo manejan ese final de la relación de trabajo, el cual que debe ser más factible y equilibrado, para que el afectado tenga una visión positiva de su institución.
Con el transcurso del tiempo, hemos presenciado a diferentes gobiernos realizar las mismas acciones, pues aplican despidos injustos o justificados, y el funcionario realiza sus reclamaciones, enfrentándose a subalternos que obedecen instrucciones inhumanas, lo cual afecta la moral y la autoestima de ese trabajador que ha estado en la institución durante varios años.
Además, nuestra intención es diferenciar a aquellos empleados que son despedidos debido a conductas que ponen en peligro la integridad de la institución, aunque a varios de ellos les pagaron sus prestaciones económicas, que no son relevantes, aunque sus conductas no han sido las más adecuadas, según consta en los registros de la Contraloría.
De acuerdo con las declaraciones de Augusto Berrocal, asesor legal de la FENASEP, se ha informado que en el país se han registrado más de 10,000 despidos oficiales.
Al discutir este asunto no es una tarea sencilla. Por otro lado, hay una amplia gama de teorías, clases, formas, procedimientos, procesos, entre otros. Por lo tanto, en este artículo abordaremos una serie de preocupaciones que he mencionado en la parte superior respecto a las categorías de destituciones o despidos que han ocurrido desde el inicio de la democracia, tras una invasión que tuvo lugar el 20 de diciembre de 1989, desde donde comenzaron los despidos masivos por parte del gobierno nacional.
El objetivo es destacar que este procedimiento es un hecho auténtico y real de despido, independientemente de la razón. Es vital contar con los fondos de reserva o un fondo que cada entidad tenga en su presupuesto, para que, si ocurre ese evento, brinden respuestas inmediatas, anticipando esas protestas en las calles que frecuentemente afectan a terceros. Esto no implica que se debe obedecer a Dios lo que es de Dios y al césar lo que es del césar.
Frecuentemente, nosotros, los subalternos, acatamos instrucciones de nuestros superiores y las entendemos excediendo nuestras obligaciones. No obstante, los emisores tampoco las supervisan y dejan las responsabilidades a los funcionarios de menor jerarquía, quienes se lavan las manos como Poncio Pilatos. Por lo tanto, siempre recaerá la responsabilidad en el dirigente de la institución.
De acuerdo con las declaraciones de Augusto Berrocal, asesor legal de la FENASEP, se ha informado que en el país se han registrado más de 10,000 despidos oficiales.
Pienso que el tratamiento no debe ser hostil ni con artimañas como si te fueran a detener, en cambio, es crucial informarles que ha sido despedido por órdenes superiores, sin embargo, cuenta con un amigo con quien puede conversar y que está a disposición si requiere alguna exigencia institucional. Dios les otorgue alabanzas y bendiciones.
Desde nuestra perspectiva, creemos que el Estado debe establecer normas, que no solo regulen y supervisen los casos de los empleados del sector público, sino que también garanticen sus beneficios sociales y económicos. Esto incluye el pago de sus prestaciones laborales y, lo más importante, que su proceso sea ágil.
