Panamá es el «actor número uno» en cuanto a infiltración del crimen organizado, tanto en el sector público, como en el privado. La afirmación fue parte de los temas abordados en el foro sobre «Políticas Públicas y Estructuras Financieras del Crimen Organizado», evento que organizó la Fundación Espacio Cívico, con el respaldo de la Embajada de los Estados Unidos y el Instituto Panameño de Estudios Cívicos.

Este foro abrió un espacio para que grupos de la sociedad civil organizada, el sector privado y las organizaciones gubernamentales, abordarán el tema, para analizar la situación de Panamá frente a las amenazas del crimen organizado y su infiltración dentro de las instituciones de gobierno y del sector privado.

En este aspecto, el Dr. Edgardo Sandoval Ramsey, representante regional de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, aseguró que nuestro país se encuentra «en una delgada línea», debido a la infiltración de grupos criminales y mafiosos dentro de las estructuras gubernamentales, y también en la empresa privada.

Desarrollando la ponencia «Una mirada al Índice Global del Crimen Organizado 2023.  Recomendaciones en materia de políticas públicas y herramientas para combatir las estructuras financieras del crimen organizado», el Dr. Sandoval Ramsey destacó que existe un importante crecimiento de los delitos financieros, así como un aumento significativo en el tráfico y trata de personas, que en este caso, incluyen factores de violencia, desigualdad y pobreza.

Señaló que este índice global es el producto de mediciones en las que participan expertos internacionales, en el desglose de datos sobre el crimen organizado y sus acciones en diferentes países. Panamá, aseguró, registra un alto índice de criminalidad de 6.98, «una calificación bastante alta», mientras que en lo relacionado al narcotráfico, el índice apunta hacia un alto indicador de 6.30, con la preocupante participación «de actores del sector privado, quienes controlan segmentos de la economía formal, trabajando o bien, bajo coacción de estos grupos criminales».

Sobre el aumento de la criminalidad en el sector financiero del país, el experto indicó que esto se aprecia con la subida que se aprecia en la comisión de ciberdelitos y fraudes bancarios, junto con el robo de datos de tarjetas de crédito, estafas en donaciones, phishing y fraude cibernético.

«Panamá es un destino atractivo para el lavado de dinero global, por los servicios financieros que brinda», explicó Sandoval Ramsey; de igual forma, «lo es para el comercio ilícito, hablando de contrabando de armas, productos falsificados y drogas. Esto se facilita para el crimen y la delincuencia organizada por la posición geográfica del país».

En este sentido, llamó la atención tanto a las entidades de Gobierno, como a la empresa privada, para que trabajen de forma conjunta para frenar la trata de personas, el narcotráfico, el comercio de drogas sintéticas, así como los delitos ecológicos, contra la flora y la fauna.

«Es muy peligroso que se pierda el control ante estos grupos de criminales. Hay que combatir las estructuras económicas y financieras que tienen, principalmente», aseguró.

Entretanto, Nelson Mena, consultor de la Comisión Interamericana para el control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), señaló que los Estados debe atacar el músculo financiero de los grupos y las mafias organizadas «mediante acciones y las tareas necesarias para la prevención, detección y represión de los delitos en nuestro país».

En este sentido, señaló, es imprescindible identificar los sectores que tienen los mayores riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento producto de actividad delincuencial y «maximizar los recursos disponibles para combatir y mitigar su incidencia en el país, fortaleciendo las capacidades institucionales, y robusteciendo la cooperación internacional contra el flujo ilícito de capitales».

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, subrayó que el Gobierno Nacional se enfoca en el fortalecimiento de las estrategias que permitan un combate frontal contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales y el crimen organizado.

Para Leah de Boersner, vicepresidenta y Cofundadora de la Fundación Espacio Cívico, este foro logró generar un espacio de intercambio que permitió articular el interés y la colaboración de la sociedad civil, la empresa privada y el Gobierno Nacional, en torno a las políticas públicas necesarias para combatir el crimen organizado.