Roderick R. Gutiérrez Pérez. Especialista en gestión y planificación ambiental, presidente de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA).
Como profesional de las ciencias ambientales, me ha llamado mucho la atención que, este último año, la minería en Panamá ha estado en el centro de un intenso debate, especialmente en torno al proyecto Cobre Panamá. A casi un año de su paralización abrupta, este proyecto, diferente a los anteriormente desarrollados en Panamá por su tecnología y actualidad, ha cumplido con todos los permisos y normativas nacionales e internacionales y ha suscitado críticas de ambientalistas preocupados por sus impactos en el medio ambiente y en las comunidades aledañas.
No obstante, resulta sorprendente que, a pesar de la magnitud de los problemas ambientales que enfrenta el país —como la minería ilegal, que opera fuera de cualquier control legal y a menudo vinculada con el crimen organizado, alteración de la calidad de las aguas, el manejo inadecuado de la basura y la deforestación descontrolada—, estos problemas reciban mucha menos atención por parte de los grupos ambientalistas, los cuales están enfocados en cerrar proyectos que tienen sus permisos al día. Este silencio plantea preguntas inquietantes sobre las prioridades del activismo ambiental en Panamá.
Cobre Panamá, considerado uno de los proyectos mineros más grandes de Centroamérica y que ha cumplido con su sistema de gestión ambiental, social, permisos y todos los procesos e instrumentos requeridos aplicables, como el Estudio de Impacto Ambiental, cuenta con las autorizaciones necesarias. A pesar de ello, diversas organizaciones han levantado la voz en señal de alarma donde realmente no está el problema. Las preocupaciones se centran en los efectos negativos sobre la calidad de las aguas, biodiversidad y la salud de las comunidades locales, algo que no han podido demostrar con estadísticas, cifras ni mucho menos con pruebas científicas.
Algunos grupos ambientalistas han insistido en la necesidad de una minería responsable, que no solo cumpla con las regulaciones, sino que también minimice su huella ecológica y social. Hasta allí estamos de acuerdo. Sin embargo, es desconcertante observar que este mismo fervor no se ha traducido en una oposición contundente hacia la minería ilegal, que representa una amenaza aún más grave para el medio ambiente y la seguridad pública.
La minería ilegal en Panamá ha experimentado un aumento alarmante en los últimos años y a menudo se encuentra entrelazada con actividades delictivas, como el narcotráfico, la trata de personas, trabajo infantil y el lavado de dinero, según datos del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), arrojados en su proyecto «Tras el dinero del oro ilícito: Fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal». Este fenómeno no solo desestabiliza el entorno ecológico, sino que también socava la cohesión social y la gobernabilidad en las regiones afectadas. Por lo tanto, en vez de atacar la minería legal, deberíamos estar enfocados en este problema.
La falta de respuesta clara por parte de los grupos ambientalistas ante la minería ilegal tal vez puede explicarse por varios factores interrelacionados. Uno de los más significativos, de acuerdo con mi investigación, puede ser la falta de visibilidad del problema. No separan lo que es minería legal de minería ilegal, y las operaciones ilegales suelen llevarse a cabo en áreas remotas y de difícil acceso. Sin embargo, en Panamá se sabe dónde están y qué hacen, por lo que la distancia no debería ser una excusa, si este fuera el caso.
Este fenómeno no solo implica cuestiones ambientales, sino que también involucra dinámicas sociales y económicas complicadas. Llama aún más la atención que estos grupos no se manifiesten en contra y no reconozcan la urgencia de abordar la minería ilegal con el mismo fervor con que han abordado el tema de la minería legal.
Algunos grupos ambientalistas deben ampliar su horizonte y reconocer que la lucha por la justicia ambiental no se limita a las operaciones que cumplen con la normativa, ya sea porque la información la tienen a mano o porque su ideología solo les permite ir en contra de los proyectos debidamente constituidos y con todos los permisos en orden. La defensa del medio ambiente debe ser una batalla efectiva para la erradicación de las prácticas ilegales, como el manejo inadecuado de la basura en Panamá, un problema que no solo afecta el ambiente, sino también la salud pública, siendo fuente constante de contaminación y proliferación de enfermedades.
Por otro lado, tampoco los veo trabajando para erradicar la deforestación, que, según el Diagnóstico de Bosques y Otras Tierras Boscosas 2023 del Ministerio de Ambiente, hemos perdido más de 32,000 hectáreas. Allí es donde debemos enfocar nuestros esfuerzos, para frenar el avance de la población sin un ordenamiento adecuado, como la ganadería y la agricultura no planificada.
No hay que ir en contra de los proyectos que sí cumplen con todo el proceso y que les cuesta años y mucha inversión llegar al punto en donde estaba, por ejemplo, Cobre Panamá, y en proceso, como otros proyectos de gran envergadura que hoy se ven atacados por el radicalismo ambiental de las últimas décadas. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en lo que realmente nos daña como panameños: la minería ilegal, alteración de la calidad de las aguas, la deforestación y el manejo inadecuado de la basura en todo el país.
