La SIP rechaza persecución contra periodistas y condena violencia en Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro imputó cargos de terrorismo e incitación al odio a cuatro periodistas

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó la imputación de cargos por terrorismo e incitación al odio contra cuatro periodistas en Venezuela, que se encontraban trabajando en el momento del arresto.

Además, condenó el creciente aumento de los ataques, las detenciones arbitrarias, el hostigamiento, la censura y los bloqueos contra medios de comunicación que dan cobertura a las protestas que se han extendido a partir de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio.

Tras los comicios generales y las manifestaciones convocadas por la oposición política al régimen de Maduro, se incrementaron las denuncias sobre detenciones arbitrarias, principalmente en el interior del país, según registró el diario El Nacional.

De acuerdo con informes del periódico, algunos gobernadores y alcaldes impartieron “instrucciones” a las radios para que suspendan transmisiones sobre las protestas.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) e IPYS Venezuela registraron la detención de cuatro periodistas que fueron imputados de cometer presuntos actos terroristas e incitación al odio.

Se trata de Yousner Alvarado, reportero gráfico en Barinas; Paúl León, camarógrafo de VPI TV, en Trujillo; Deisy Peña, reportera gráfica en Miranda, y José Gregorio Carnero, periodista y dirigente político de Guárico.

Rolando Carreño, periodista y dirigente opositor, fue detenido el 2 de agosto y acusado por supuestos “actos de violencia y odio”, según informó El Impulso.

También se encuentran encarcelados los periodistas Carlos Julio Rojas desde abril y Ramón Centeno desde febrero de 2021, según registró el SNTP.

Roberto Rock, presidente de la SIP y director del portal La Silla Rota en México, expresó su profunda preocupación ante la alarmante crisis política en Venezuela y su impacto en la libertad de expresión.

“Nos encontramos ante un escenario en el que las autoridades venezolanas han violado de manera flagrante derechos humanos básicos consagrados en la Constitución, con especial énfasis en la grave restricción de las libertades de expresión y de prensa”, dijo.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico de La Voz del Interior en Argentina, señaló la “condena enérgica” de la organización “frente a la sistemática represión contra periodistas y medios que, en su compromiso de mantener informada a la ciudadanía, enfrentan agresiones, censura y acoso judicial sin el debido proceso, lo que lleva a detenciones arbitrarias. Para quienes siguen hablando de que el régimen de Maduro es democrático, esta es una prueba palmaria del error, la ingenuidad o la complicidad: informar, opinar, denunciar irregularidades no es terrorismo; es libertad. Pero está claro cuán peligrosas son para una dictadura, para una tiranía, las libertades de pensar, expresarse e informar. Por ello quien detenta el poder siente terror”.

Mientras que el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció que reporteros de al menos cinco estados del país fueron señalados en Internet como “operadores de la derecha fascista” y advirtió que sus rostros fueron publicados, lo que los obligó a ocultarse para resguardar su seguridad.

El gobierno de Nicolás Maduro prohibió además el uso de la red social X y de la aplicación de mensajería instantánea Signal.

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), se registraron 18 casos de restricciones de acceso, 30 actos de intimidación y amenazas, nueve expulsiones de periodistas extranjeros y cuatro agresiones físicas, entre otros actos de censura.

Según informó la ONG venezolana Conexión Segura y Libre, hasta la fecha, 62 medios de comunicación fueron bloqueados por los principales proveedores de servicios de Internet, lo que afecta a 86 dominios y totaliza 431 bloqueos activos.

Además, fueron bloqueados nueve sitios web de organizaciones de derechos humanos, con un total de 41 bloqueos activos en el país suramericano.

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