La reciente revelación sobre la desaparición de 500 millones de dólares en regalías mineras ha puesto de manifiesto, una vez más, la falta crónica de transparencia en el manejo de los fondos públicos en Panamá. Este episodio no es un caso aislado, sino el último eslabón en una larga cadena de opacidad financiera que ha caracterizado a sucesivos gobiernos.

El expresidente Cortizo aseguró que estos fondos serían depositados en una cuenta restringida. Sin embargo, la administración actual confirma que el dinero ya fue gastado, sin ofrecer detalles sobre su destino. Esta situación plantea serias dudas sobre la integridad en el manejo de los recursos públicos y socava la confianza ciudadana en sus instituciones.

La denuncia presentada por peculado y malversación de fondos es un paso necesario hacia la rendición de cuentas. No obstante, además de exigir responsabilidades a los implicados, es imperativo implementar mecanismos efectivos de supervisión y control que garanticen la transparencia en el uso de los fondos públicos.

Es hora de que los panameños exijan el fin de esta «danza de millones» y demanden una gestión responsable y transparente de los recursos que pertenecen a todos. Solo así se podrá restaurar la confianza y sentar las bases para un desarrollo equitativo y sostenible.