La reciente publicación de la lista de beneficiarios de los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) ha destapado un escándalo que sacude los cimientos de la integridad institucional en Panamá. Lo que debería ser un programa para apoyar a estudiantes de escasos recursos se ha convertido en un mecanismo de rapiña para los allegados al poder político.

La lista revela una descarada apropiación de fondos públicos por parte de familias de altos ingresos, incluyendo hijos de diputados que ya gozan de salarios exorbitantes. Casos como los de las hijas de un diputado, que recibieron más de 128,000 dólares para estudios en el extranjero, ejemplifican esta práctica reprobable.

Lo más alarmante es la falta de criterios educativos o socioeconómicos en la asignación de estos auxilios. Sin reglamentos ni convocatorias públicas, el proceso quedaba a discreción del director de turno, abriendo la puerta a favoritismos y corrupción.

Este escándalo no solo representa un robo de oportunidades a estudiantes talentosos y necesitados, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones. Tanto el director de la institución, al momento de asignar los fondos, como el Contralor que no cumplió con su función de fiscalización, tienen que rendir cuentas por tan monumental desastre. No hay espacio para la impunidad cuando ya la nación ha proclamado de manera clara sus aspiraciones de integridad en el manejo de los asuntos públicos. Es imperativa, además, una reforma integral del IFARHU para restaurar su misión original y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.