Una justicia lenta, agridulce y con daños irreparables, fue el resultado del proceso que fue sometido la firma panameña Mossack Fonseca, que después de ocho años la justicia absolvió a los 28 imputados por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.

Estas personas vivieron como restricciones de cuentas bancarias, pérdida de su empleo y daños irreparables, siendo el más grave el del deterioro de la salud y muerte de uno de sus fundadores, Ramón Fonseca Mora.

Para Jürguen Mossack, uno de los fundadores de la extinta firma Mossack Fonseca & Co., los ocho años de investigación por el que fue sometido se convirtió en una “pesadilla” y lamentó todo el sufrimiento que causaron a más de 30 personas en un inicio.

De acuerdo con Guillermina McDonald, abogada de Mossack, la sentencia deja un sabor “agridulce” cuando se antepone a lo sufrido por todas las partes involucradas en el caso.

Firma panameña se dedicaba a la venta de sociedades anónimas y constitución de fideicomisos, además de la administración de sociedades.

El 29 de junio la Corte Suprema de Justicia dio a conocer la absolución de los 28 implicados en el caso Lava Jato y Panama Papers, en la que se investigaba a la extinta firma Mossack Fonseca.

A través de la sentencia absoluta N°3, la jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez ordenó que ambas investigaciones (Lava Jato y Panama Papers) investigadas por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada no aportó pruebas concluyentes de que los procesados actuaran con conocimiento de causa respecto a la ejecución de las actividades ilícitas.

El falló planteó que las pruebas documentales presentadas por los defensores, cuentan con valor probatorio debido a que se trata de escrituras públicas debidamente protocolizadas e inscritas en el Ministerio Público.

Se determinó también que, las pruebas recabadas por la fiscal en los servicios de Mossak Fonseca no cumplieron con la cadena de custodia.

Además, en el caso Lava Jato, no se pudo determinar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas procedentes de Brasil al sistema financiero panameño con el objetivo de ocultar, encubrir, disimular o ayudar a eludir las consecuencias del delito procesado.