Es importante encontrar medidas efectivas que contribuyan, desde todos los sectores públicos y privados, a mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionados del país, pero que, al mismo tiempo, sean planificadas de forma estratégica para que no generen impactos negativos en la sociedad, especialmente en materia de seguridad.

El proyecto de ley No. 946 aprobado por la Asamblea Nacional que “Crea el Programa de Beneficios Permanentes para los Jubilados y Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y de Riesgos Profesionales de la Caja del Seguro Social y dicta otras disposiciones”, pendiente de sanción o veto presidencial, aumenta el Impuesto Selectivo de Consumo a las bebidas alcohólicas en un 44% lo cual podría incentivar el mercado ilegal de estos productos.

Está comprobado que toda regulación que aumenta el precio final de un producto no genera necesariamente el aumento de recaudación esperado para resolver el problema financiero para el cual fue creado, que en este caso sería generar fondos para jubilados y pensionados. Por el contrario, esta medida podría diversificar el mercado ilegal en mano de grupos criminales organizados que operan a través de bandas locales y fortalecer el sistema de las economías ilícitas regionales y locales, generando un mecanismo de recaudación diaria de dinero de origen ilegal necesario para financiar la operación de las pandillas dedicadas al narcotráfico y narcomenudeo y al mismo tiempo, se promueven los esquemas de lavado de dinero.

Cabe resaltar que, las estructuras criminales usan productos de consumo como las bebidas alcohólicas y los cigarrillos para “legalizar” el dinero proveniente del narcotráfico, la trata de personas y, actualmente, del tráfico ilegal de migrantes y de la migración irregular, dos realidades con fuertes impactos económicos, políticos y sociales en Panamá.

En conclusión, expertos sugieren buscar medidas alternativas de recaudación para jubilados y pensionados pero que no generen una oportunidad de fortalecimiento del contrabando de licores y de mayores ganancias para el crimen organizado.

Como organización especializada en el seguimiento de las mutaciones del crimen organizado y sus economías ilícitas, sugerimos el veto total por parte del Presidente de la República del Proyecto de Ley No. 964, por las graves consecuencias que conlleva al estado de Panamá en materia de salud, economía y de seguridad.

En este sentido, Crime Stoppers envió el pasado mes, una nota al presidente Laurentino Cortizo Cohen, exponiendo el tema mencionado, sugiriendo el veto total y al mismo tiempo, ofreciendo apoyo técnico para comprender el impacto que tendrá la implementación de la Ley No. 964.

De ser sancionada la ley, podría dejar una herencia negativa en materia de seguridad a las autoridades del nuevo gobierno que asumirán en julio del corriente año y al mismo tiempo no ser una solución concreta para jubilados y pensionados.