El tema de los subsidios en Panamá ha resurgido con fuerza, destacándose los cerca de 2 mil millones anuales destinados a este fin. Si bien la revisión de estos subsidios es un asunto urgente, es imperativo que se extienda el mismo escrutinio a las ayudas encubiertas bajo incentivos económicos para la clase empresarial. Un ejemplo notorio son los incentivos otorgados a ciertos inversionistas hoteleros, quienes han disfrutado de financiamiento casi total para sus proyectos. A pesar de algunos cambios en las políticas, estos incentivos siguen representando un privilegio considerable.
Además, para lograr una gestión estatal eficiente, es crucial examinar la estructura de privilegios y prebendas que beneficia a una élite de funcionarios públicos. Entre dietas y exoneraciones, estos funcionarios privan al Estado y a los ciudadanos panameños de una suma que podría superar los subsidios otorgados. Esta estructura de privilegios, más propia de una corte real que de una administración pública, es una carga pesada para la nación.
Aplaudimos la preocupación por revisar los subsidios para hacerlos más eficientes y dirigidos a quienes realmente los necesitan. Sin embargo, ignorar los incentivos empresariales y las prebendas de los funcionarios convierte esta preocupación en una burla para la mayoría de los ciudadanos. Es necesario un enfoque integral que abarque todas las áreas de gasto y privilegio para asegurar una verdadera justicia económica y social en Panamá.
