La reciente decisión de los 20 diputados de la bancada independiente electos de renunciar a los beneficios que por ley les corresponden, como la franquicia postal, franquicia telefónica, la importación libre de impuestos de autos, y cualquier clase de bonos, donaciones o estructuras opacas de manejo de fondos públicos, es un gesto admirable que resalta su compromiso con la transparencia y la responsabilidad pública. Esta acción contrasta marcadamente con la actitud de las bancadas de los partidos tradicionales, que continúan aferrándose a los numerosos privilegios y beneficios asociados con sus cargos.

El gesto de los diputados independientes no solo es un símbolo de austeridad y ética política, sino también una crítica implícita al sistema establecido que permite y fomenta tales beneficios. En un contexto donde la Asamblea Nacional de Panamá ha exhibido inflados presupuestos de funcionamiento durante los últimos quinquenios, el contraste con las carencias básicas que sufre la población es profundamente insultante. La falta de acceso al agua potable y los deplorables servicios de salud pública son solo algunos de los problemas que enfrentan numerosos sectores de la población. Estos desafíos resaltan la desconexión entre las prioridades de la clase política tradicional y las necesidades reales de los ciudadanos.

La renuncia de estos beneficios por parte de los diputados independientes subraya la urgente necesidad de un Estado que funcione bajo las mejores prácticas de eficiencia, destinando los recursos nacionales para lograr el mayor bienestar general. Es imperativo que las instituciones públicas adopten una cultura de transparencia y responsabilidad, priorizando siempre el bienestar de la ciudadanía sobre los intereses particulares. Solo a través de un compromiso genuino con estos principios, Panamá podrá avanzar hacia un futuro más equitativo y justo para todos sus habitantes.