El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Winston Spadafora Franco compartió la opinión del pleno del Tribunal Electoral (TE) respecto a la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza.
La decisión del pleno del TE, se dio tras la inhabilitación de la candidatura de Ricardo Martinelli tras ser condenado a más de 10 de prisión en el caso New Business.
Spadafora argumentó que negarle a Mulino el derecho de ser elegido y a toda la membresía de los partidos Realizando Meta y Alianza, es violatorio de sus derechos humanos, sobre todo después de ser legalmente reconocido como candidato por el TE.
También indicó que la candidatura de Mulino “no es inconstitucional”, considerando que dicho acuerdo no infringe los artículos 19, 142, 143, 177, 181 y 185 de la Constitución panameña en concordancia con el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Resulta evidente la existencia de un vacío legal en el tema que se discute, vacío que fue llenado por el órgano competente para esa tarea (…) Corresponde ahora al pleno de la CSJ valorar si la acción del TE se ajusta o no a la normativa constitucional de nuestro país”, explicó el exmagistrado.
Para el jurista, se trata de un “caso inédito”, frente al cual se encuentran vacíos en la normativa electoral panameña, debido a que es imposible poder abarcar todas las situaciones que pueden surgir en un proceso electoral.
El abogado José Miguel Alemán también compartió la decisión del TE y dijo que la candidatura de Mulino cumple con la constitución.
El jurista hace referencia al artículo 177 de la constitución, que es objeto de análisis en la demanda de inconstitucionalidad, el artículo establece que con el presidente será electo de la misma manera y por igual periodo un vicepresidente. El mismo artículo también establece que el vicepresidente será quien reemplazará al presidente en sus faltas.
De acuerdo con el jurista, no solo se estaría atentando contra la democracia y la separación de poderes, también dejaría de manifiesto la fragilidad de las instituciones nacionales ante la población y la comunidad internacional.
“La discusión no solo gira en torno a la legalidad técnica de su candidatura, por motivos políticos, sino también en torno a principios más amplios de justicia electoral, representación democrática y la integridad del proceso electoral”, añade Alemán.
El abogado advirtió que la determinación de la CSJ sobre la figura del vicepresidente y la cuestión del suplente, no solo afectará el proceso electoral, sino también sentará precedentes sobre cómo Panamá interpreta y aplica los principios de democracia representativa y estado de derecho en situaciones complejas.