El Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) se estableció con la intención de ser una reserva financiera para el país, destinada a enfrentar situaciones de urgencia sin recurrir a endeudamientos externos. Desde su creación, el FAP fue concebido como un pilar de la estabilidad económica panameña, garantizando un respaldo financiero ante desastres naturales y otras emergencias. Sin embargo, recientes maniobras por parte del gobierno amenazan con socavar la esencia misma de este mecanismo de ahorro.

A pocos meses de concluir su mandato, el actual gobierno propone una modificación legislativa que pretende extinguir las deudas acumuladas con el FAP, una suma que asciende a mil 312 millones de dólares según los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2023. Esta iniciativa no solo revela una profunda irresponsabilidad fiscal, sino que además subraya un desdén por la sostenibilidad financiera del país. Utilizar argucias legales para anular compromisos previamente adquiridos es un acto de suprema negligencia que pone en riesgo el futuro económico de Panamá.

La gestión fiscal del gobierno no solo ha resultado en la acumulación de una deuda significativa con el FAP, sino que también ha contribuido a la pérdida de confianza por parte de las agencias calificadoras, acercando al país a la posibilidad de quedarse sin grado de inversión. En medio de la pandemia, se extrajeron $105 millones del FAP, evidenciando una tendencia de depender de este fondo para financiar el gasto público, en lugar de respetar su propósito original como salvaguarda económica.

La propuesta de ley que busca eliminar la deuda con el FAP y modificar las condiciones de aporte futuro es un claro ejemplo de la falta de previsión y compromiso con una gestión fiscal prudente. Aunque el ministro del ramo asegura que el proyecto incrementará el patrimonio del FAP en el largo plazo, la realidad es que estas medidas pueden comprometer la capacidad de Panamá de responder a futuras crisis financieras o desastres naturales. En lugar de fortalecer la estabilidad económica del país, esta propuesta parece ser un intento desesperado por ocultar las falencias de una administración que ha priorizado el gasto inmediato por sobre la responsabilidad y la sostenibilidad fiscal a largo plazo.