El respeto y acatamiento de las leyes son pilares fundamentales en una sociedad democrática, ya que garantizan la convivencia pacífica y justa entre sus ciudadanos. En este contexto, es imperativo que aquellos que ocupan cargos de gobierno sean ejemplos de integridad y apego a la legalidad.

En Panamá, la reciente conducta de una candidata presidencial que intenta eludir la rendición de cuentas ante la justicia por medio de artimañas, plantea serias interrogantes sobre su idoneidad para liderar el país. Si un aspirante al más alto cargo político evita enfrentar la justicia, ¿qué mensaje envía a la sociedad? Su actitud socava la confianza en el sistema legal y sienta un precedente peligroso.

La presidencia de una nación exige un compromiso inquebrantable con la transparencia y la responsabilidad. La conducta de esta aspirante no solo cuestiona su integridad, sino que también proyecta una sombra sobre la credibilidad del proceso democrático en sí mismo. El liderazgo político debe estar enraizado en la honestidad y el respeto por las instituciones. La evasión de responsabilidades judiciales por parte de cualquier candidato es un indicio preocupante de su disposición a utilizar cualquier medio para alcanzar sus fines, incluso a expensas del estado de derecho.

En conclusión, el comportamiento de los aspirantes políticos ante la ley es un indicador crucial de su idoneidad para ocupar cargos de liderazgo. La sociedad panameña debe exigir integridad y transparencia en sus líderes, rechazando aquellos que no estén dispuestos a rendir cuentas ante la justicia.