La democracia en América Latina enfrenta un desafío crítico debido a la creciente pérdida de credibilidad en sus instituciones gubernamentales. Este fenómeno, exacerbado por escándalos de corrupción y una ineficacia generalizada para atender las necesidades básicas de la población, pone en peligro la estabilidad y continuidad de los sistemas democráticos en la región. En Panamá, esta situación se manifiesta de manera alarmante, donde la corrupción gubernamental desmedida, junto a la incapacidad de resolver problemas fundamentales de los ciudadanos, amenaza seriamente el tejido democrático del país.

La corrupción, entendida como el abuso de poder para beneficio personal, erosiona la confianza pública en las autoridades. En Panamá, los reiterados escándalos de corrupción han generado un profundo descontento ciudadano, minando la fe en el sistema y sus representantes. Esta desilusión se agrava ante la incapacidad de los gobiernos de turno para proveer servicios básicos de calidad, como educación, salud y seguridad. La suma de estos factores contribuye a una percepción de abandono y desprotección entre la población, que ve mermada su calidad de vida y sus oportunidades de progreso.

El peligro radica en que, ante el vacío dejado por la democracia, las expectativas ciudadanas puedan inclinarse hacia opciones políticas autoritarias o populistas, que prometen soluciones inmediatas, pero a menudo socavan los principios democráticos. Este escenario se ha observado en varias naciones de la región, donde la promesa de cambio rápido y efectivo ha llevado a la elección de líderes con tendencias autocráticas.

Para contrarrestar esta tendencia, es imperativo que Panamá y los países latinoamericanos en situación similar refuercen sus instituciones democráticas, promuevan la transparencia y la rendición de cuentas, y se comprometan con una gestión pública eficaz que priorice las necesidades de la población. Solo así se podrá restaurar la confianza en la democracia y garantizar su supervivencia frente a los desafíos actuales. La consolidación de un sistema democrático robusto y transparente es fundamental para el desarrollo sostenible y el bienestar de los ciudadanos en América Latina.