La democracia, como sistema de gobierno, se funda en el principio de que la autoridad política emana del pueblo. La representatividad de los gobernantes frente a sus ciudadanos es un pilar fundamental para el buen funcionamiento de este sistema, ya que garantiza que las decisiones tomadas reflejen las necesidades y deseos de la mayoría. En este sentido, es crucial que el porcentaje de votos obtenidos por los ganadores en elecciones sea verdaderamente representativo de una mayoría de electores.

Una victoria electoral con solo el 25% de los votos no puede considerarse representativa de la voluntad popular. Este escenario significa que solo un cuarto de la población apoya al gobernante o partido en el poder, dejando a un amplio sector de la sociedad sin voz en la gestión de los asuntos públicos. En un país como Panamá, donde la diversidad de opiniones y necesidades es amplia, gobernar con el consentimiento de solo 25 de cada 100 ciudadanos plantea serios retos para la legitimidad y eficacia de la administración pública.

La falta de representatividad conduce a múltiples consecuencias nocivas para el tejido democrático. En primer lugar, puede generar un descontento generalizado entre la población, ya que muchos se sentirán excluidos o marginados de las decisiones que afectan directamente sus vidas. Esto puede erosionar la confianza en las instituciones democráticas y fomentar la apatía política, reduciendo la participación ciudadana en futuros procesos electorales.

Además, una gobernanza que no representa adecuadamente a la mayoría de la población tiene dificultades para implementar políticas públicas efectivas y equitativas. Sin un amplio respaldo popular, las medidas adoptadas pueden carecer de la legitimidad necesaria para su aceptación y cumplimiento, lo que puede conducir a conflictos sociales y políticos.

En resumen, para que una democracia sea plena y funcional, es esencial que los gobernantes sean verdaderamente representativos de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. La falta de representatividad no solo socava la legitimidad del sistema democrático, sino que también impide el desarrollo de políticas inclusivas y efectivas, lo que puede tener graves repercusiones para la cohesión social y la estabilidad política del país.