En el corazón de una democracia vibrante y funcional yace un principio irrefutable: la credibilidad y la confianza en sus instituciones. Este axioma adquiere una relevancia insoslayable cuando se trata del Tribunal Electoral de Panamá, piedra angular en la estructura de nuestra frágil democracia. A medida que nos acercamos a las elecciones de mayo de 2024, sombras de dudas y desconfianzas se ciernen sobre la entidad.
La relevancia de este tema no es caprichosa ni arbitraria: emerge en un contexto de creciente escepticismo global hacia las instituciones democráticas, exacerbado por la polarización política y la desinformación. En Panamá, este escenario cobra una dimensión particular, considerando los desafíos históricos para consolidar una democracia que resista las pruebas del tiempo y la adversidad. En este sentido, el Tribunal Electoral no solo es guardián de la legalidad y la transparencia electoral, sino que también lleva sobre sus hombros la responsabilidad del futuro democrático del país.
Datos recientes subrayan la crítica encrucijada en la que se encuentra Panamá. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Panamá muestra una puntuación que refleja desafíos significativos en materia de corrupción y gobernanza, aspectos que socavan directamente la confianza en las instituciones públicas. Además, estudios del Barómetro de las Américas revelan que solo un porcentaje moderado de la población panameña confía en su sistema electoral, un dato alarmante en la antesala de un evento electoral crítico. Frente a este panorama, resulta imperativo argumentar a favor de fortalecer la credibilidad y la confianza en el Tribunal Electoral mediante la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana activa y, sobre todo, que sus funcionarios muestren un comportamiento ético inclaudicable. Un primer argumento reside en la necesidad de blindar el proceso electoral contra la interferencia y la manipulación, asegurando que cada voto sea contado y respetado. Un segundo argumento gira en torno a la educación cívica, crucial para fomentar una ciudadanía informada y comprometida con los valores democráticos.
Concluyendo, el Tribunal Electoral de Panamá se encuentra en una coyuntura decisiva. La ruta hacia las elecciones de 2024 no tiene por qué ser tortuosa; puede ser una oportunidad para reafirmar los principios democráticos y revitalizar la confianza en las instituciones. La credibilidad y la confianza en este órgano no son meramente deseables, sino esenciales para el fortalecimiento de la democracia panameña.
