FQM culpa a bloqueos en su puerto por la suspensión de 7 mil de sus trabajadores

El 28 de noviembre, el pleno de la CSJ declaró inconstitucional la Ley 406 del contrato minero. | Foto: Cortesía

La empresa First Quantum Minerals (FQM) aseguró que el pedido de suspensión de 7 mil de sus trabajadores se debe a los bloqueos que sufrió durante los acontecimientos en torno a las protestas contra la Ley 406, señalando que no pudo recibir insumos para continuar sus labores.

En un comunicado emitido este sábado, FQM sostiene que el pedido de suspensión formulado ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) «se produjo debido a los bloqueos ilegales de pequeñas embarcaciones en el puerto de Punta Rincón, que impedían la llegada de insumos», razón por la cual no pudieron «realizar las labores productivas» en la mina.

Al respecto, FQM le solicita al Mitradel «un pronunciamiento rápido para atender la incertidumbre que vive nuestra fuerza laboral y sus familias, debido a la falta de respuestas de las autoridades».

De igual forma, la minera pide «el establecimiento de planes responsables para atender la estabilidad laboral de aquellos trabajadores que la empresa no podrá retener, debido a los últimos acontecimientos».

Según la empresa, debe existir «una hoja de ruta establecida por el Gobierno» para determinar cuántos trabajadores continuarán laborando «en tareas de conservación y mantenimiento (no operacionales), factor clave para evitar desastres medioambientales futuros.

FQM reiteró en el comunicado su interés en «entablar un diálogo abierto y constructivo, que permita abordar todas esas preocupaciones».

Este sábado, el fallo de la Corte Suprema de Justicia declarando la inconstitucionalidad de la Ley 406 fue publicado íntegramente en la Gaceta Oficial, órgano oficial para la publicación y oficialización de documentos, en un formato PDF, el cual permite que cualquier ciudadano pueda accesar al documento.

Por su parte, First Quantum Minerals anunció que el pasado 29 de noviembre inició el proceso de arbitraje internacional contra la República de Panamá, el cual será dirimido en el Tribunal de Arbitraje ubicado en Estados Unidos.

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