La semana que inicia puede ser crucial en la resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de dos de las diez demandas por inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 406. que contiene en contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá.

Las demandas presentadas por los abogados Juan Ramón Sevillano y Martita Cornejo Robles buscan que el supremo tribunal panameño declare inconstitucional la totalidad de la Ley 406. Una decisión en este sentido terminará con más de un mes de protestas, cierres de calles, un paro magisterial y la reactivación de la economía del país.

Después de 16 horas de trabajo, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, decretó un receso hasta este lunes 27 de noviembre a las 10:00 a.m, tras sesionar hasta las dos de la mañana de este lunes. Se informó por parte de una fuente confiable que la extensión de la sesión de este domingo permitió evacuar el 90% del material que los magistrados tienen para examinar las demandas.

Al pleno de la Corte Suprema de Justicia le corresponde analizar los 126 escritos de argumentos que fueron presentados por los demandantes y demás personas interesadas, en la Secretaría General del supremo tribunal.

Mientras esto sucede dentro de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, en sus alrededores numerosos ciudadanos esperan en vigilia por la decisión que se dé a conocer. Por otra parte, las calles en la capital del país se mantienen abiertas, solo la parte frontal de la Universidad de Panamá permanece cerrada.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo, reiteró su preocupación por los cierres de vías, y el perjuicio que por más de un mes se ha causado a la economía del país.

«Esta suerte de deriva anárquica no puede ser tolerada, debemos apostar a la convivencia entre los ciudadanos, el gobierno debe gobernar mirándole los ojos a los ciudadanos y debe cumplir con sus obligaciones constitucionales», señaló el dirigente.