Democracia y Ley

La democracia en Panamá camina a los tropezones desde hace largo rato. Persisten debilidades que amenazan con socavar los ideales de justicia, equidad y estado de derecho que todo régimen verdaderamente democrático debe defender. Una de las áreas que requiere atención urgente es el funcionamiento del sistema judicial. Según informes de organizaciones como Transparencia Internacional, el Índice de Percepción de Corrupción ubica a Panamá en la posición 111 entre 180 países. Además, el Barómetro de las Américas reporta que apenas un 32% de panameños confía en el sistema judicial. Estas cifras revelan la necesidad apremiante de combatir la corrupción dentro del sistema de justicia y recuperar la confianza ciudadana en sus instituciones.

Fortalecer la independencia judicial es crucial. Los nombramientos de jueces y magistrados deben basarse estrictamente en méritos y capacidades, no en conexiones políticas. Deben crearse mecanismos transparentes de selección y ascenso que premien la integridad y la conducta regida estrictamente por lo que dictan las normas. Además, es necesario blindar el presupuesto del Órgano Judicial para protegerlo de presiones indebidas. La capacitación continua del personal judicial es igualmente importante. Los operadores de justicia deben estar al día en materia legal y en sensibilidad frente a problemáticas sociales. El sistema educativo debe enfatizar la ética profesional y el compromiso de servir a la ciudadanía. Asimismo, urge acelerar la tramitación de casos y descongestionar los despachos judiciales abrumados. Según la Comisión de Estado por la Justicia, en 2021 había más 300,000 procesos en mora. Los retrasos perpetúan la impunidad y la injusticia, por lo que se requieren reformas administrativas y tecnológicas para agilizar el sistema.

El camino no será fácil, pero es necesario recorrerlo si queremos una democracia sólida donde las leyes se apliquen de forma justa e imparcial de tal manera que el ciudadano común se sienta seguro y protegido por sus leyes. Todas las instituciones y la ciudadanía debemos involucrarnos. Juntos podemos rescatar la confianza y legitimidad de un Poder Judicial transparente, accesible y comprometido con los valores democráticos que nos unen como panameños. El futuro de la nación lo exige.

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