La democracia panameña enfrenta un grave desafío ante la presencia de condenados por delitos que ostentan cargos públicos e incluso aspiran a puestos de elección popular. Esto evidencia fallas en la aplicación de la ley y envía un peligroso mensaje de impunidad.
Según un reciente informe de la Contraloría General de la República, en los últimos cinco años se han documentado al menos 10 casos de funcionarios públicos que ejercen labores pese a tener sentencias firmes en su contra. Incluso, algunos han presidido juntas municipales. Esta situación atenta contra la institucionalidad democrática, pues permite que individuos condenados por la justicia sigan gozando de privilegios y poder político. Socava la confianza ciudadana en las autoridades y refuerza la sensación de que la ley no se aplica a todos por igual.
Recientemente, el Tribunal Electoral alertó que dos precandidatos del partido oficialista, no podrán participar en las elecciones de 2024 al tener condenas mayores a 5 años que los inhabilitan de por vida para optar a cargos de elección popular. No obstante, ambos habían ganado las primarias de su colectivo político, lo que demuestra falta de rigor en los procesos internos para seleccionar aspirantes. Permitir que sentenciados compitan es una afrenta al orden democrático y riñe con los principios éticos que deberían reinar en la gestión pública. Los partidos políticos tienen el deber de depurar sus filas y no convertirse en cómplices de aquellos que violan la ley. Deben extremar los filtros en sus procesos de selección de candidatos y no anteponer intereses electorales a la integridad. Por su parte, las autoridades judiciales y electorales están llamadas a coordinarse para garantizar que ningún condenado en firme por delitos graves pueda aspirar a cargos públicos. Hacer cumplir las leyes vigentes es la mejor señal para desincentivar estas prácticas.
Pero también es tarea de los ciudadanos no tolerar atropellos a la institucionalidad democrática. Deben ejercer vigilancia, exigir rendición de cuentas y no respaldar en las urnas a quienes representan intereses espurios. El voto responsable es la mejor herramienta contra la impunidad. Permitir que individuos sentenciados por la justicia ocupen cargos públicos mosquea la democracia panameña. Se requiere decisión política y ciudadana para desterrar estas aberrantes prácticas y aplicar la ley en forma pareja. De lo contrario, la credibilidad de las instituciones seguirá deteriorándose ante la opinión pública. No más impunidad.
