La incompetencia se ha normalizado en las instituciones del Estado panameño, derivando en una acumulación de problemas básicos sin resolver. Un claro ejemplo es la gestión de desechos, colapsada hasta niveles escandalosos tanto en la capital como en el interior del país. El último Censo revela que el 39 por ciento de los hogares padece de fallas en el suministro de agua potable. El transporte público es otro servicio desastroso, con paradas abarrotadas y tiempos de espera de horas.
La precariedad también impera en el sistema de salud. El déficit de medicamentos e insumos alcanza el 65 por ciento según la Contraloría, mientras que 4 de cada 10 equipos médicos están averiados de acuerdo al gremio de técnicos en imagenología. La mala atención y las interminables colas para ser vistos son la norma.
Esta crisis se origina en la extendida incompetencia en las instituciones, consentida por las autoridades. Un informe de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana reveló que el 80 por ciento de los puestos públicos se asignan por amiguismo político, no por méritos. Mientras no se destituya a quienes fallan en sus responsabilidades, la situación está abocada al colapso, por más presupuesto que se asigne.
Urge una reforma para que la idoneidad y el rendimiento guíen la función pública. De no implementarse, seguiremos sufriendo un Estado disfuncional incapaz de garantizar derechos básicos. Ha llegado la hora de exigir resultados, sancionar la incompetencia y rescatar la gestión pública en beneficio de todos los panameños.
