El término “lawfare” fue acuñado en 2001 por el mayor general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Charles J. Dunlap Jr. para referirse al uso de la ley como arma de guerra. Desde entonces, el concepto se ha expandido para describir el uso estratégico del sistema legal con el objetivo de deslegitimar a un rival político.
Origen del concepto
La palabra lawfare es una combinación de las palabras en inglés “law” (ley) y “warfare” (guerra). Dunlap argumentaba que, con el fin de la Guerra Fría, los métodos bélicos tradicionales estaban siendo reemplazados por tácticas legales entre las grandes potencias. Según el militar, el lawfare implicaba el uso de la ley para obtener una ventaja estratégica sobre un oponente. Las tácticas específicas incluyen el inicio de juicios frívolos, la manipulación del sistema legal y el uso de las leyes internacionales de derechos humanos contra los estados.
Evolución del concepto
En la década de 2000, el lawfare se expandió más allá del ámbito militar. Comenzó a usarse para describir el uso indebido del sistema legal para desacreditar oponentes políticos. Expertos como Peter Berkowitz argumentan que, en la política moderna, los actores utilizan juicios, investigaciones y campañas mediáticas para dañar la reputación del adversario, en lugar de ganar elecciones justas.
Casos emblemáticos
Uno de los ejemplos más citados es el juicio político contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff en 2016. Según analistas, fue un intento de derrocar a un gobierno de izquierda utilizando procedimientos legales controversiales.
Otro caso es el enjuiciamiento del opositor ruso Alexei Navalny. Activistas señalan que los cargos criminales en su contra tienen motivaciones políticas, para apartarlo de las elecciones.
Críticas al lawfare
El uso del lawfare con fines políticos ha sido criticado por distorsionar el verdadero propósito del sistema legal. Algunos señalan que politiza las cortes y fiscalías, las cuales deberían ser imparciales.
Otros argumentan que socava los principios democráticos, porque permite derrotar a un oponente sin ganar elecciones. También se critica que muchas veces se basa en tecnicismos legales en lugar de justicia verdadera.
Situación actual y conclusiones
En la actualidad, el lawfare se ha consolidado como una estrategia global para minar a rivales políticos utilizando mecanismos legales, sin importar su orientación ideológica.
Si bien es legítimo denunciar violaciones a la ley, el uso indebido del sistema legal con fines políticos resulta éticamente cuestionable. Un verdadero estado democrático requiere la separación de poderes y un sistema judicial imparcial que garantice justicia para todos por igual.
