El artículo 19 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que todos somos iguales ante la ley, sin distinción de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Sin embargo, en la práctica, vemos que existen una serie de fueros políticos que permiten a ciertos personajes evadir la justicia.

Estos aberrantes privilegios crean una casta de ciudadanos aparte, que no pueden ser sometidos a los tribunales de justicia ordinarios, sino que son juzgados en condiciones distintas y por funcionarios judiciales superiores; lo que resulta en una violación del principio de igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos, sin importar su cargo público ni condición socioeconómica, deben ser tratados de la misma manera por la ley. Someterlos a procedimientos especiales resulta discriminativo con el resto de los panameños, y sólo contribuye a crear una casta ubicada por encima de la ley. Esto, al final, socava el principio de igualdad y se constituye en una amenaza para la democracia.

En los últimos años, los precedentes al respecto no han dejado duda alguna que estos privilegios se utilizan, más que nada, para librar de rendir cuentas ante la ley a individuos sobre los que pesan fuertes sospechas e indicios de corrupción. Esto es un problema grave, ya que socava la confianza de los ciudadanos en la justicia. Cuando vemos que los funcionarios públicos que cometen delitos no son llevados ante la justicia, o resultan absueltos en procesos sin ninguna credibilidad, se genera un sentimiento de impunidad que puede conducir a la corrupción generalizada.

El artículo 19 de la Constitución es contundente: ¡no habrá fueros ni privilegios! Es urgente eliminarlos para que todos los ciudadanos, sin consideraciones de ningún tipo, estén sujetos a la ley. Esto es fundamental para la democracia y para la lucha contra la corrupción.