El consabido “no voy” resume y describe perfectamente el desastroso servicio del transporte selectivo en la ciudad capital y sus alrededores. A fuerza de negarse a transportar al usuario cuyo destino le desvía de las rutas de sus preferencias, además de utilizar los autos- con demasiada frecuencia- para actividades criminales, un sector mayoritario de los taxis amarrillos se ha ganado a pulso su mala reputación y el desagrado del público. Y, por si no bastara, la ecuación se completa con una dirigencia que ha convertido la adquisición y concesión de certificados de operación en un jugoso negocio del cual se benefician exclusivamente dirigentes, políticos, funcionarios de las entidades pertinentes y hasta diputados, manteniendo a la masa de conductores como simples “palancas”.

El establecimiento y la consolidación de las distintas plataformas digitales que prestan el servicio de transporte, desde sus inicios representa una amenaza para la cofradía de estos oportunistas que, incapaces de conectarse con la transformación que sacude al mundo, optan por las acostumbradas conspiraciones, aupadas desde las cumbres del poder, para retorcer el sistema legal y amoldarlo a sus particulares intereses sin importar las afectaciones provocadas a decenas de miles de usuarios.

El proyecto de ley 986 que se discute actualmente en una de las comisiones legislativas, apunta a servir únicamente a la voracidad y a la mentalidad cavernaria de un grupito gansteril que no acepta que los intereses de las mayorías están muy por encima de sus miserables bolsillos. Perpetúa, además, el mencionado mamotreto, a una dirigencia transportista incapaz de modernizar a sus gremios para llevarlos, de la mano de la tecnología, a prestar servicios que se traduzcan en una excelente atención al usuario y mejor rentabilidad para los trabajadores del timón.