El Consejo de Gabinete autorizó al Ministro de la Presidencia a presentar ante la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley que modifica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para entre otros objetivos, ampliar su alcance a los estándares internacionales.
La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), Elsa Fernández explicó que el anteproyecto de ley es producto del consenso con la sociedad civil, la academia y la Unesco, organismo que a través de su página web indicó que “Panamá avanza en materia de legislación de acceso a la información con esta iniciativa”.
En un reciente comunicado UNESCO destacó que «el proceso de reforma que inició en Panamá constituye una ventana de oportunidad para trabajar en proyectos robustos y transformadores que puedan reflejar no sólo lo establecido por la Ley Modelo Interamericana sino incluso, superarla».
Durante su participación, la directora de ANTAI señaló que la actual Ley tiene 21 años de vigencia, por lo que se requiere una revisión y modernización, además de actualización tecnológica, ampliar el alcance a los estándares internacionales y mejorar su estructura.
La actual modificación se efectuará con los parámetros del modelo Interamericano 2.0, que ofrece a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), un marco de referencia de avanzada que integra los más importantes estándares internacionales en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Además, establece la más amplia aplicación posible del derecho de acceso a la información y se basa en el principio de máxima publicidad, de tal manera que cualquier información en manos de los sujetos obligados sea completa oportuna y accesible.
La propuesta incorpora la disminución del plazo a 15 días hábiles para responder a la solicitud de información y 15 días hábiles si se solicita prórroga. Además, se amplía la tramitación de las solicitudes de información, ya que se podrá realizar por escrito en papel simple, por medio de correo electrónico, de forma oral o por las plataformas tecnológicas establecidas para este fin.
También la propuesta mantiene los procedimientos relativos a la solicitud de Hábeas Data y amplía el concepto de sujetos obligados a proporcionar información como a toda persona que reciba fondos del Estado.
