En la historia reciente de este país, nadie más podría simbolizar la rapiña y el desprecio a la ley imperantes mejor que los alcaldes y representantes de corregimientos. Finalmente, el presidente Cortizo sancionó el proyecto de ley 890, que ahora pasa a ser la Ley 376, la cual les permite escoger el salario más conveniente para sus bolsillos a todos los que al momento de ser elegidos para el cargo ya se desempeñaban como funcionarios del Estado.
Gracias a este nuevo bodrio jurídico, cualquier funcionario que resulte electo alcalde o representante y que en el puesto anterior devengaba un salario más elevado que el que corresponde al puesto de elección, podrá seguir disfrutando del mismo con solo acogerse a una “licencia con sueldo” y renunciando al menor ingreso, aún cuando La Corte Suprema de Justicia, en marzo de 2022, declarara inconstitucional la figura de las licencias pagadas; y pasándose por la faja, además, el artículo 19 de la Constitución que prohíbe los fueros y privilegios.
Con esta decisión, el mandatario de la nación se une a la perversa lista de personajes que impulsaron este desvergonzado asalto a las arcas del Estado: porque cobrar un salario que no se corresponde con las labores desempeñadas no puede calificarse sino de atraco por parte de una pequeña horda cuyos actos son pruebas contundentes de su menosprecio a los votantes, a la ley, a la Constitución y a las decisiones de las más altas instancias de la justicia nacional.
