El 92.1 por ciento de los cigarrillos que se consumen en Panamá son provenientes del comercio ilícito, lo que refleja un incremento de 12.2 puntos porcentuales entre el 2019 y 2022, según los resultados del último Estudio de Mercado de Cigarrillos Ilegales realizado en Panamá en 2022 por Nielsen (Líder global en conocimiento de audiencias, datos y analítica).

El Estudio está basado en una muestra aleatoria y representativa recogida en las principales ciudades del país y revela que las marcas potenciales de comercio ilícito son: Jaisalmer (producida por Godfrey Phillips -India), Timeless Time y Pine (de la compañía Korea Tobacco & Ginseng Corporation – KT&G -Corea del Sur) que representan el 88 por ciento del supuesto consumo ilícito.

Contexto del contrabando de cigarrillos en Panamá

Como referencia, tomando en cuenta que el tamaño del contrabando de cigarrillos es de aproximadamente mil 850 millones de unidades, el nivel de contrabando actual representaría una pérdida de impuestos anual de 300 millones de dólares para el fisco panameño. Esto significa que a Panamá entraron más de 15 contenedores de 40 pies al mes con cigarrillos ilegales.

Recientemente, la Zona Libre de Colón fue señalada por el medio británico The Guardian como sinónimo de drogas, pandillas y violencia; y como punto focal del contrabando en el país.

En las muestras detectadas en el estudio se pudo constatar que las cajetillas de productos de contrabando no incluyen las advertencias sanitarias obligatorias establecidas por el Ministerio de Salud (MINSA), y en su lugar tienen las de otros países (Caribe, Nicaragua- donde no tienen o tienen muy poca distribución) por lo que son fácilmente identificables o simplemente no llevan ninguna advertencia

Incidencia del contrabando

El Estudio de Nielsen también detalla que en el corregimiento de Tocumen, provincia de Panamá, el 96.7 por ciento de los cigarrillos son de contrabando, mientras que en el distrito de David, provincia de Chiriquí, el comercio ilícito de este producto representa el 96.5 por ciento del mercado, seguido del distrito de San Miguelito donde los cigarrillos de contrabando acaparan el 96.3 por ciento del consumo.

La creciente incidencia del contrabando quedó en evidencia el pasado 14 de enero cuando inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) reportaron dos casos de retención de cigarrillos de presunto contrabando registrados en la provincia de Chiriquí valorados en su totalidad en 501 mil 805 dólares.

En el primer caso, registrado en el puesto de control de Guabalá, se retuvo 20 mil cartones de cigarrillos valorados en 300 mil dólares que iban ocultos en el vagón de un camión que transportaba 550 sacos de gallinaza (abono) con destino a David. Mientras que en el segundo hecho se detectaron 269 pacas de cigarrillos de diversas marcas valorados en 201 mil 805 dólares.

Financiación del crimen organizado

Los resultados de este estudio no son sorprendentes para representantes de Crime Stoppers Caribe, Bermuda y América Latina, quienes vienen argumentando las consecuencias del contrabando de cigarrillos: “Es una actividad ilegal que las estructuras del crimen organizado transnacional practican para financiar la operatividad de delitos mayores como el narcotráfico y la trata de personas, en colaboración con las pandillas locales que distribuyen el producto”, remarca Alejo Campos, Director Regional de Crime Stoppers.

Campos añade que el contrabando de cigarrillos es la caja chica de las estructuras criminales: con las ganancias compran municiones, armas, pagan abogados, envían dinero a las cárceles. Todo se realiza con un bajo riesgo de persecución lo cual genera mayores beneficios.

Al mismo tiempo, de acuerdo con el director regional de Crime Stoppers, las regulaciones excesivas en la materia, que prohíben la comercialización de los llamados “cigarrillos electrónicos” y otras que buscan gravar con más impuestos directos a los cigarrillos tradicionales, crean y fortalecen mercados ilegales paralelos cuyo resultado se observa en el incremento del contrabando en Panamá, hasta casi llegar a la sustitución del mercado legal lo cual fortalece las finanzas del crimen organizado.

Campos considera que una estrategia efectiva para aumentar la recaudación de impuestos y resolver el problema de seguridad que plantea el contrabando de cigarrillos, es promover, por parte de las autoridades competentes y con el apoyo del sector privado, operaciones concretas para la incautación de los cigarrillos de contrabando, ya sea en grandes cantidades o en pequeñas cantidades en los puntos de venta, que sirvan para garantizar la certeza del castigo en este delito.

Por su parte, la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) destaca que lamentablemente, los resultados del estudio realizado por Nielsen apuntan a las dimensiones alarmantes que ha alcanzado el comercio ilícito de cigarrillos en Centroamérica y Panamá. “Este es un problema muy complejo con numerosos efectos negativos, entre los que se encuentra el riesgo para los consumidores y la competencia desleal en perjuicio de la industria legítima, además, por encima de todo, el comercio ilícito sirve como impulsor directo del crimen organizado, incluidas otras prácticas abominables como la trata de personas, el trabajo infantil y el financiamiento de grupos terroristas”, reflexiona TRACIT.

La organización remarca que los hallazgos del estudio reflejan que la situación ha empeorado desde los niveles de 2020 que en ese momento representaba el 79 por ciento del mercado total; incluso entonces, el presidente de la República de Panamá , Laurentino Cortizo, expresó su preocupación por las altas tasas de comercio ilícito en este sector, junto con las pérdidas fiscales asociadas, el fraude y el lavado de dinero.

“Seguimos muy preocupado por el crecimiento del comercio ilícito de cigarrillos en Panamá y la región, por ello hacemos todo lo posible para implementar planes de trabajo concretos en Panamá y en la región para combatir de manera más efectiva el comercio ilícito y mitigar la actividad delictiva asociada a este flagelo. Una muestra de nuestro compromiso y del gobierno de Panamá para combatir este fenómeno delictivo es el convenio que TRACIT firmó recientemente con la Autoridad Nacional de Aduanas, cuyo propósito es promover una cooperación fluida entre el sector público y el privado”, puntualiza TRACIT.