Quedándole poco más de un año, la presente administración gubernamental multiplica las situaciones anómalas y acentúa el aroma a corrupción. En todos los rincones del aparato de poder parece primar el afán de despojo de las arcas estatales ante la inoperancia de las instituciones encargadas de velar por el correcto manejo de la cosa pública. Y el absoluto reinado de la impunidad no hace sino agravar el desastre. Durante los últimos años, en medio de la crisis sanitaria y financiera cuyas consecuencias aún mantienen en jaque a la mayoría del mundo, en nuestro país el derroche alcanzó dimensiones descomunales. Una pequeña casta de privilegiados ha dilapidado centenares de millones sin rendirle cuentas, precisamente, al resto de la nación que sufrirá los rigores luego de pasada la fiesta y cargará sobre sus hombros la responsabilidad de pagar por esa deuda.
La Autoridad de Turismo protagoniza el último escándalo en esta larga cadena de dudosas actuaciones que ha sido la constante de esta gestión. Echando mano de las socorridas contrataciones directas, la institución ha aportado a la farsa del Dios Momo toda una comparsa de irregularidades denunciadas desde diversos frentes. Pero, tan tradicional como la fiesta carnavalesca, también lo es la impunidad. Y corren las apuestas a que éstas, al igual que el resto de las denuncias hechas, quedarán sin respuestas y sin que se pronuncie o tome acciones al respecto el Primer Obrero de la Nación.
