El deterioro institucional continua imparable. El presidente de la República sancionó la que ahora es la ley 338 de 2022, una de las tres iniciativas propuestas para modificar la norma sobre descentralización en la administración pública.
La nueva legislación permite que de los fondos generados por el Impuesto de Bien Inmueble (IBI)- que en la ley original estaban destinados a inversiones- ahora el 40 por ciento puede ser utilizado por los gobiernos locales para el pago de planillas, contratos y obras sociales. Establece, además, que en el Programa de Inversión de Obras Públicas y de Servicios Municipales, la otra fuente de ingresos establecida en la ley de descentralización y que entregaba 110 mil dólares a los gobiernos locales, esta asignación puede ser aumentada cada dos años. Pero, no sólo eso: el Ejecutivo podrá modificar el monto antes de ese período de tiempo.
Si a todos estos cambios en la ley se añade que desde la dirección de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) se ha estado proporcionando partidas adicionales a aquellas unidades locales que lo solicitan- y generalmente bajo control del partido oficialista- el escenario resulta preocupante. A poco de entrar en la campaña electoral, es claro hacia dónde apuntan todos estos cambios en la ley. Sin ningún tipo de dudas, el proceso de descentralización ha degenerado en una piñata donde diputados, alcaldes y representantes disponen, a manos llenas, de centenares de miles de dólares con los que financiarán sus ambiciones políticas mientras los habitantes de los municipios y corregimientos tendrán que seguir esperando por las soluciones de sus múltiples problemas y apremios.
