La formalización del contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá podría llegar a la Asamblea Nacional hasta la legislatura que comienza el 1 de enero de 2023.
Al pleno legislativo le corresponde dar la última palabra respecto al documento, que se espera esté listo el próximo mes, luego de la conclusión de las negociaciones a principios del presente año.
Según el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, la redacción final del contrato debe estar lista en el mes de noviembre del presente año, luego de lo cual se procederá con la firma entre las partes.
El documento, apuntó el Ministro, pasará además por otras dos etapas: una consulta popular sobre la conveniencia o no de adoptarlo. De ser positivo el resultado, le tocará dar el refrendo a la Contraloría General de la República, para posteriormente pasar por la aprobación o rechazo por parte de la Asamblea Nacional.
La importancia de dar luz verde a este contrato para el Gobierno Nacional es principalmente el beneficio económico derivado para Panamá, calculado en unos 400 mil millones de dólares.
A principios de este año, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, indicó que los fondos derivados del contrato con la minera tendrían una distribución de un 50% directamente para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, el cual actualmente se encuentra en una situación sumamente comprometida, amenazando con no poder entregar el dinero a las personas que deben jubilarse a partir del año 2024.
También se contempla otorgar un 20% para el fondo de jubilados y pensionados, un 25% para desarrollo de proyectos en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, ambos ubicados en la provincia de Colón, además de un 5% para el proyecto del Instituto de Estudios para el Perfeccionamiento y Bienestar del Docente panameño.
Además, el acuerdo contempla una serie de programas dirigidos al desarrollo de programas que promuevan la utilización de energía más limpia.
