La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ha promovido desde el inicio de la actual administración gubernamental, un borrador de anteproyecto de ley que crea el Régimen de Asociación Público-Privada (APP), ya que este documento podría impulsar del desarrollo del país.
Las asociaciones público-privadas –APP- buscan la participación del sector privado en la provisión de infraestructura y de servicios tradicionalmente brindados por el gobierno.
Son contratos entre ambos sectores a través de los cuales se financia, construye, presta servicios, sirven una amplia gama de proyectos de inversión social y económica.
Usualmente son utilizados en proyectos para construir carreteras, energía, telecomunicaciones, cárceles, escuelas, edificios públicos, tratamiento de aguas y puertos, entre otros.
En los esquemas tradicionales, el Estado financia el proyecto según su capacidad presupuestaria y perfil crediticio; en el modelo APP, el sector privado financia el proyecto teniendo como fuente de pago un contrato multianual de prestación de servicios con el gobierno.
Mientras que en el esquema tradicional el Estado es responsable de la operación del proyecto. En el régimen APP, el sector privado lo opera manteniendo los estándares de calidad y precio determinados en el contrato respectivo.
La Cámara de Comercio considera que esta iniciativa propuesta, hace un tiempo, es una herramienta que reactivaría la economía.
Recientemente este gremio fue invitado a participar, junto con otras agrupaciones del sector privado, en una reunión en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el titular designado de Obras Públicas, a fin de revisar dicho borrador y las observaciones que en su momento se presentaron al actual gobierno.
Las muchas ventajas ofrecidas por las APP son valoradas por el BID como instrumento eficaz para impulsar el desarrollo de los países de la región, en varios de los cuales han tenido una aplicación exitosa.
La Cámara de Comercio considera que el esquema APP ofrece grandes oportunidades al país para atraer inversiones de capital externo que permiten generar mayores fuentes de empleo, y con ello disminuir la presión fiscal sobre las arcas del Estado.