Como parte de los acuerdos logrados tras las masivas protestas que se tomaron las calles del país en julio pasado, el órgano ejecutivo envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para derogar los polémicos incentivos fiscales que benefician a un reducido grupo de inversionistas. “Esta ley ha sido causa de polémicas y críticas justificadas por no atender las necesidades reales que enfrenta la industria del turismo nacional, adicional a que el Gobierno Nacional no ha presentado la justificación económica requerida constitucionalmente para reemplazar los ingresos futuros comprometidos por esta ley”, ha declarado contundentemente el propio gremio hotelero sumándose al rechazo provocado por la misma.

Sin embargo, en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea se rechazó el proyecto de ley con el cual el Ejecutivo buscaba derogar las leyes 314 del 20 de junio de 2022 y la 122 del 31 de diciembre de 2019 donde se establecen los repudiados incentivos. Cinco diputados de la comisión, controlada por el partido oficialista, echaron por tierra uno de los primeros acuerdos logrados en la Mesa del Diálogo de Penonomé y dejaron sin valor la palabra de quien ocupa el Palacio de las Garzas.

El hecho pone en tela de juicio la credibilidad presidencial y demuestra, por enésima ocasión, que los oscuros intereses de los diputados están por encima de los intereses de las mayorías nacionales. Cualquier diálogo, entonces, incluido el de la Mesa Única, resulta un mero ejercicio retórico porque cualquier solución acordada queda sometida a los caprichos y a las conveniencias de una Asamblea que no tiene reparos para dejar en claro el desprecio que le inspira el bienestar y el buen rumbo del país.