En el período comprendido entre 2009 y 2022, se crearon 78 nuevos corregimientos; y como resultado de esa euforia creativa, para el 2024 empiezan a regir 22 de estas unidades políticas con todos los desembolsos, sueldos y privilegios que significan para las finanzas del Estado. Pero, por si no fueran suficientes, en la Asamblea Nacional reposan cuatro iniciativas que de convertirse en ley de la República se traducirían en la materialización de 20 corregimientos más; 10 en la comarca Ngäbe Buglé, 3 en la comarca Guna Yala y 1 que resultaría de la segregación de la Villa de Los Santos, en la provincia de Los Santos.

La miopía y el clientelismo político no tienen mejores símbolos: por un lado, un grupo de representantes y sus compinches que con una serie de excusas carentes de peso exigen un aumento de “solo mil balboas” a sus salarios; y, por el otro lado, una horda de diputados que ha visto en la creación de corregimientos el instrumento perfecto para ganar adeptos y disponer de los fondos facilitados por la Ley de Descentralización.

Según información hecha pública por el Ministerio de Economía y Finanzas, el costo mínimo de una junta comunal ronda los 372 mil dólares anuales. Una cifra nada despreciable al momento de alimentar la política clientelista que se ha tomado las riendas del país y lo ha convertido en el festín de unos pocos sin importar que las grandes mayorías sobreviven, como reza la sabiduría popular, “pasando el Niágara en bicicleta”.