Una nación democrática se construye sobre consensos. No hay mejor opción que esa, porque ante su ausencia, queda abierta la puerta para la fuerza, para la violencia de los autócratas y los intolerantes. Sin embargo, como señala el estudio publicado por la Cepal, La construcción de pactos y consensos  en materia de política social: apuntes para un marco de análisis, «La paradoja es que a pesar de la importancia de alcanzar consensos de mediano o largo plazo en materia de política social para enfrentar los desafíos más apremiantes de América Latina ligados a la pobreza y la desigualdad, en muchos países de la región la democracia no ha sido capaz de generar tales consensos y generar políticas para cerrar brechas sociales y económicas».

En la encrucijada actual, el país necesita de acuerdos, de una serie de objetivos que unifiquen la voluntad ciudadana en un proyecto nacional que permita superar el amenazante proceso de fragmentación que pone en riesgo el porvenir. Pero, para ello, es requisito indispensable una ciudadanía activa, que abandonando su zona de confort asuma las responsabilidades que acompañan a la construcción de una democracia participativa.

Han pasado aproximadamente dos meses, desde que las protestas pusieron sobre el tapete la necesidad de un nuevo consenso: uno basado en nuevos modos de gestionar el país y donde el ejercicio del poder gubernamental tenga como objetivo el bienestar de todos, no solamente de unos pocos afortunados. Mucha palabrería ha resonado desde entonces. Es hora ya de pasar a los hechos y a los resultados concretos.