La Resolución No. 71 del 4 de agosto de 2021 lleva estampada las firmas del vicepresidente y la del viceministro de la presidencia. En ese documento se restringió durante los siguientes diez años el acceso a las actas y a las constancias de las discusiones realizadas en el Consejo de Gabinete. Dicho zarpazo a la transparencia, publicado en la Gaceta Oficial No. 29357-B, entró a regir a partir del 20 de agosto del 2021 y marcó el rumbo a seguir por otros funcionarios que, incómodos ante la transparencia que exigen los ciudadanos, pretenden establecer el “secretismo” como la columna vertebral de sus patéticas gestiones.
Uno de los funcionarios envalentonados por este funesto precedente es el que dirige el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), que se niega a brindar la información detallada sobre los beneficiarios de las becas y los auxilios económicos que se entregan desde la institución y que superan los 25 mil y los 50 mil dólares.
“Hay que saber y poder confiar que todos los que se han ganado esas becas se las merecen, ya sea por mérito o por necesidad”, argumenta acertadamente uno de los que ha solicitado la mencionada información. Sin embargo, el director de marras- a contravía de la transparencia que resulta obligatoria en toda gestión gubernamental moderna y eficiente-, insiste en actuaciones montadas sobre el secretismo autoritario.
“Quien no la debe, no la teme”, reza oportunamente la sabiduría popular. Sin embargo, todo parece indicar que los ecos del refranero tradicional no son materia de interés en los despachos donde se firmó la Resolución 71 ni mucho menos en los pasillos del IFARHU, donde vaya usted a saber qué oscuros secretos se esconden.
