Cuando aquellas instituciones indispensables para lograr un gobierno transparente se obsesionan por la forma sacrificando la sustancia, la democracia inicia un lamentable e irreversible declive que pone en juego su subsistencia. Esa adicción a la “imagen”, a la foto mediática, al mercadeo político carente del sustento de las acciones y de la gestión efectiva, no logra sino aumentar la incredulidad de los ciudadanos.

En una de sus últimas alocuciones, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) advirtió que “la Contraloría General de la República tiene que cumplir en todo momento con su deber legal de auditar y fiscalizar el manejo que se les dé a los fondos estatales, no hacerlo oportuna e imparcialmente la hace cómplice de estos despilfarros”. La historia reciente, de preocupación por la imagen y de paños tibios, no deja lugar a dudas que- en las cuestiones claves- la Contraloría renegó de las dos funciones señaladas: auditar y fiscalizar. Ahí está para sostenerlo el manejo dado a los indignantes “gastos de movilización”: una hemorragia millonaria que, en medio del desastre económico ocasionado por la pandemia, no se trata ya de determinar el destino dado a esas fortunas, se trata de quitarlo de las manos dilapidadoras de alcaldes y representantes y destinarlo a renglones donde contribuya al bienestar general y no únicamente al beneficio de unos pocos privilegiados.

Después de semanas que fuera conocida la infamia de los mencionados gastos, el máximo jerarca de la institución “fiscalizadora”, sumergido en un estudio sobre el susodicho derroche, anuncia que compartirá los “avances” a los que se ha llegado en las pesquisas. Pero no camina solo en esta trocha de inoperancia y obsesión por la “imagen”; le acompaña otra institución que, en un reflejo compartido reacciona también cuando los escándalos sacuden la tribuna nacional. Sobre esa entidad señaló, también la CCIAP: “la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) tiene la responsabilidad de ser proactiva y actuar según se lo exige la ley, no puede esperar a que exploten investigaciones periodísticas para entonces reaccionar y actuar”.

Los hechos son contundentes: para algunos jerarcas públicos la imagen pesa más que el contenido y la percepción más que los resultados. En semejante escenario no se puede esperar otra cosa distinta al declive de la democracia.