La Operación Fisher, con la cual fueron aprehendidas 57 personas y se decomisaron residencias de lujos y alrededor de $10 millones, presuntamente vinculado al narcotráfico y al Clan del Golfo, se mantiene en proceso de audiencias en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora.
Por medio de las audiencias de garantías, la Fiscalía Primera de Drogas, está solicitando que se impongan medidas de detención provisional a 56 de los investigados, por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.
Solamente uno de los aprehendidos al inicio de la investigación, llegó a un acuerdo con la fiscalía. Se trata de Xavier Bartuano, uno de los imputados, se acogió a un acuerdo de pena de 68 meses de prisión por el delito de asociación ilícita.
A Bartuano se le señalaba como parte de la estructura logística de esta red, se le dieron 68 meses de prisión (5 años y 8 meses), por lo que no aplicarían las penas accesorias.
Detalles
El resto de los aprehendidos se mantiene esperando si se les aplican las medidas cautelares solicitada por el fiscal Joseph Díaz, quien hizo la petición ante la jueza de garantías Teodolinda Cardoze.
Según el fiscal, esta red, ligada al Clan del Golfo, adquiría sus propiedades por medio de testaferros (persona que presta su nombre para figurar como titular en un negocio o asunto jurídico ajenos), para luego hacer el traspaso.
Explicó que una abogada creaba las sociedades anónimas para comprar las residencias y luego hacer el traspaso a los integrantes del Clan. Lo mismo sucedía con autos y demás objetos de lujos.
Defensa
Los abogados defensores han manifestado que el proceder del Ministerio Público (MP), no es el correcto, ya que están presentando evidencias sin haber sido comprobadas en las entidades oficiales.
Según ellos, las propiedades que están siendo utilizadas en las audiencias para inculpar a sus clientes, fueron adquiridas entre 2015 y 2016, mucho antes de las investigaciones.
Además, cuestionaron que se habla de diligencias de vigilancia y seguimiento de parte de la Policía Nacional (PN), pero no han dado ninguna prueba que los incrimine.
