Si hasta el año 2019 la corrupción resultaba persistente en la región, la llegada de la pandemia favoreció su intensificación porque a la vez que disminuyó los controles, concentró las decisiones en los poderes ejecutivos y en los círculos de poder cercanos. Sólo en vacunas, el Covid-19 impulsó contratos por más de 9 mil millones de dólares salidos de los fondos públicos y de 2 mil millones provenientes de organismos benéficos. Además de eso, se dispararon los gastos en distintos rubros, entre esos el sanitario: La Organización Mundial de la Salud calcula que a nivel mundial se requieren cada mes unos 89 millones de mascarillas médicas, 76 millones de guantes de examen y alrededor de 1 millón 600 mil gafas protectoras. Además de la compra de esos insumos y otros que, como los respiradores, terminaron costando hasta cinco o seis veces su precio original; las sospechas y acusaciones de irregularidades alcanzaron hasta las ayudas establecidas para mitigar los daños sociales y económicos de la pandemia.

En este escenario, la fragilidad de las instituciones democráticas resultó ser uno de los factores más determinantes en este festival de la corrupción. “Es necesario hacer ajustes institucionales anticorrupción como la regulación del conflicto de interés, la regulación del lobby y el cabildeo, la adopción de un régimen para la protección de los denunciantes, la implementación profunda de mecanismos anti lavado de dinero así como de las convenciones antisoborno, y la simplificación de procesos para recuperar activos mal habidos”, explica al respecto Camilo Cetina, miembro de la Dirección de Innovación Digital del Estado de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Además de la fragilidad institucional de nuestros países, cuando los organismos de justicia, las contralorías, las instituciones electorales, la prensa, las fuerzas policivas y de seguridad – entre otras- se someten a la política partidista, dejan de existir los contrapesos que puedan efectivamente oponerse al desborde de poder del ejecutivo y del partido político reinante. En un escenario semejante, no resulta extraño que la corrupción adquiera fuerzas y crezca ilimitadamente.

No solo necesitamos fortalecer las instituciones y cambiar las leyes: también es urgente un cambio de los modelos que acaparan la atención pública y que “lideran” dentro de los países. No podemos continuar percibiendo la corrupción como si se tratara de un mal inevitable ante el cual no podemos hacer nada; esa lacra es un fenómeno humano y la podemos afrontar con actos muy simples: tan simples como dejar de votar por personajes corruptos.