Por treinta años nos abocamos a abrir nuestras fronteras a la producción extranjera. Bajamos las tarifas arancelarias a efectos de abaratar los costos de los productos importados.

Modificamos nuestras leyes para abrir nuestras economías e incorporarnos a un proceso de globalización e integración de mercados. Firmamos varios tratados de libre comercio.

En el camino nos olvidamos que el tamaño de nuestra economía es tan pequeña que le dejamos el mercado a dos o tres agentes económicos por rubro o sector que terminaron por determinar sus niveles de ganancias y constituirse en pequeños carteles.

Esto ha encarecido los precios de los productos alimenticios y de medicamentos entre otros. Así como de muchos otros rubros.

La Acodeco carece de musculo para penalizar y castigar estas prácticas perjudiciales para la competencia (en un país donde la competencia en ciertos sectores es casi imposible).

Esto se debe también a que los mismos intereses que promueven a los partidos políticos y gobernantes a través de donaciones y financiamientos constituyen parte de estos carteles.

La ley de ACODECO del año 2007 desbancó cualquier mecanismo de defensa de la competencia y la institución se limitó a procesos relacionados a relaciones contractuales entre consumidores y proveedores de bienes y servicios.

En realidad, para todos los propósitos la liberalización del mercado panameño nos hizo más daño que bien y en su lugar le abrió un horizonte de nuevas fortunas a ciertos agentes económicos.

El Estado panameño requiere hacer una revisión integral de esta política económica poniendo los intereses de la sociedad panameña por encima de los grupos económicos tanto internacionales como nacionales.

La economía de mercado funciona cuando existen agentes económicos participando sin posición dominante de alguno o contubernio entre ellos. Para eso el Estado debe estar vigilante y asegurarse que las reglas se cumplan.

No hay mercado sin reglas. Eso de la mano invisible es una farsa. El vacío siempre lo llenará alguien.

Y digo todo esto porque todo este proceso ha producido altos niveles de frustración y amargura en la sociedad y se proyectan en primer lugar contra el gobierno, las formas democráticas y las libertades humanas.

La vida se ha encarecido y solo bastar viajar para entender que la vida en Panamá es más cara. La comida es más cara. Las medicinas son más caras.

El concepto de la familia con un proveedor dejó ya de existir. Ahora se requiere dos proveedores para subsistir, para recibir un crédito hipotecario.

Ya no se habla de ingreso del proveedor sino del ingreso familiar para propósitos crediticios. Cada día la población se siente más infeliz y el ocio un costo cada vez más prohibitivo.

La sociedad de bienestar que tanto se pregona solo existe en la constitución de papel.

Por eso todos esos intentos de Constituyente Paralela o Originaria no han encontrado eco en la población. Ya todos entendemos que el papel lo aguanta todo.

Esa insatisfacción es real, material y de persistir en el tiempo tendrá sus resultados negativos para todos.

Es lo que el gobierno sea quien sea debe entender. El encarecimiento de las condiciones de vida en Panamá cada vez es más insoportable y afectan el sentido anímico de la población.

Es importante que el Estado intervenga con un diagnóstico, nuevas políticas públicas y una mayor intervención en el mercado para evitar los abusos y garantizar la competencia.